Las empresas extractivistas son campeonas en el manejo de la doble moral: toda la manga ancha para despojar, depredar, extraer minerales, agua, madera; todo el rigor y el peso del legalismo contra las comunidades y las personas que defienden sus territorios, sus aguas, sus bosques, sus pastizales. Mineras extranjeras, empresas agropecuarias nacionales, con las armas de la ley o las de la ilegalidad; gobiernos débiles o cómplices, da lo mismo.

Dos comunidades del desierto norte de Chihuahua, los ejidos Benito Juárez y Constitución, en los municipios de Buenaventura y Ahumada, padecen ahora el hostigamiento de notificaciones, órdenes de presentación y amenazas de órdenes de aprehensión, todo el arsenal del lawfare en contra de los dirigentes que han encabezado la resistencia a la minera Mag Silver y el rancho El Paraíso de la familia LeBarón.

El ejido Benito Juárez –ya lo hemos narrado en estas páginas– desde 2012 se opuso con la ley y la decisión asamblearia al saqueo por parte de la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver, que invadió, corrompió, compró ilegalmente y perforó las tierras de uso común con fines de exploración minera. La digna resistencia de mujeres y hombres nunca se dobló, ni cuando el 22 de octubre de 2012, dos de sus líderes, Ismael Solorio y su esposa, Manuelita Solís, fueron asesinados por sicarios, cerca de Ciudad Cuauhtémoc. Al mes siguiente la asamblea ejidal decidió por abrumadora mayoría expulsar a la minera irregularmente establecida en su territorio. Se negoció con el gobierno del estado y la empresa para que ésta sacara varios miles de toneladas de muestras que tenía en un lote. Sólo sacó la mitad, pero en marzo de 2013, los ejidatarios organizaron una épica faena y en un día sacaron de los límites del ejido 2 mil toneladas de muestras ya analizadas, ­inservibles.

La empresa no ha cesado de presionar todos esos años. Denunció a 10 personas del ejido por daños ante la fiscalía del estado. En 2015 fue asesinado en Juárez otro defensor del territorio y de la cuenca del río del Carmen, Alberto Almeida. Frente a las amenazas varios de los dirigentes ejidales interpusieron una demanda ante la CIDH y ésta ordenó se dotara de medidas cautelares a nueve personas del ejido. Mag Silver no ceja, incluso ha echado mano de la embajada de Canadá para presionar al gobierno y pide una “reparación del daño” que asciende a ¡43 millones de dólares! por tierra y piedras inservibles.

El ejido Constitución es vecino de Benito Juárez y mutuamente se contagian lucha y resistencia. En 2017, la familia de Joel LeBarón, luego de haber adquirido el predio La Mohina, comenzó a desmontar 297 hectáreas sin licencia de cambio de uso de suelo por parte de Semarnat para plantar nogales y perforó nueve pozos, también ilegalmente, al tiempo que el caudal de otro pozo sí autorizado, logró que se le transfiriera irregularmente para empezar a operar.

En cuanto el ejido de Constitución sintió que la operación de los pozos del nuevo rancho El Paraíso abatía los añejos pozos de riego e incluso el de agua potable de la comunidad, se lanzaron a la protesta. Tuvieron que derribar las cercas para ingresar al rancho y verificar cuántos pozos estaban operando y cuántos conectados a las líneas de la CFE.

A pesar de todas las ilegalidades cometidas, los LeBarón, utilizando su innegable condición de víctimas en otros asuntos, llamaron a la policía del estado, buscaron la protección de la Guardia Nacional y terminaron denunciando también a un grupo de ejidatarios de las dos comunidades por “daños dolosos”. Para asegurar aún más libertad en su activismo depredador, los LeBarón acaban de demandar a las autoridades constituirse en comunidad tribal con derechos colectivos a la libre autodeterminación, autonomía y autogobierno. El siguiente paso será seguramente anexarse a Utah, Arizona o Texas.

Mientras los asesinos materiales e intelectuales de Ismael, Manuelita y Alberto Almeida siguen por ahí, localizables, pero impunes; y las autoridades ambientales y Conagua no han procedido por las irregularidades en uso de suelo y en extracción cometidas por los LeBarón, ni la CFE ha negado categóricamente hacer conexiones a los pozos irregulares, la fiscalía del estado reactiva los expedientes, uno de ellos, inactivo desde 2013, y pide orden de aprehensión contra 18 personas de los dos ejidos.

La semana pasada acudió la policía a notificar a los activistas denunciados del ejido Benito Juárez, pero las guardias rotativas del poblado le impidieron hacerlo. Y así seguirán.

Sucede en Chihuahua como por todo el país, las empresas extractivistas presionan, mientras los diversos órdenes de gobierno se dejan atrapar por demandas leguleyas, por presiones diplomáticas, por mordidas nada leguleyas ni diplomáticas. Y cuando todo eso les falla, siempre está el recurso a los criminales a sueldo. Lawfare u outlawfare, o los dos: así es la guerra del extractivismo.