San Antonio. El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció ayer nuevas órdenes que serán implementadas en la frontera de Estados Unidos con México y prometió que habrá más, mientras ex funcionarios del gobierno de Donald Trump lo presionan para que declare una “invasión” y otorgue a los policías estatales y a los miembros de la Guardia Nacional la autoridad para expulsar a los migrantes.
El gobernador republicano no ha dicho si apoya esa concepto que, según expertos constitucionales, es jurídicamente dudoso, casi sin precedentes y que seguramente enfrentaría impugnaciones judiciales.
Pero por ahora, Abbott dijo que los policías estatales empezarían a detener e inspeccionar los vehículos comerciales que crucen la frontera, lo que reconoció reducirá “drásticamente” la velocidad del tránsito vehicular cerca de los puertos de entrada. También anunció que se ofrecería el servicio de autobuses fletados que lleven a los migrantes que así lo deseen a Washington D.C., en una indirecta al presidente Joe Biden y al Congreso, a quienes Abbott ha criticado por no tomar las medidas suficientes. Indicó que las inspecciones podrían realizarse en las autopistas de Texas y que cumplen con la ley. “Pero, por supuesto, siempre alguien interpone una demanda”, señaló.
Las nuevas directrices forman parte de las “medidas sin precedentes” que Abbott prometió en respuesta al retiro de una ordenanza de salud pública por parte del gobierno de Biden, que se tiene previsto expire en mayo y que ha limitado la cantidad de solicitantes de asilo para evitar la propagación del covid-19. Cuando eso ocurra, se tiene previsto que más migrantes acudan a la frontera sur del país.
Las autoridades de Texas dijeron que iniciarían una “mayor actividad militar” en la frontera e instalarían alambre de púas en algunos puntos bajos del río para disuadir a los migrantes de cruzar.
Las últimas órdenes llevan aún más lejos los límites de la multimillonaria misión de seguridad fronteriza de Texas que el gobernador republicano, quien pretende relegirse en noviembre, ha convertido en la piedra angular de su gobierno. Texas ya ha desplegado miles de policías y miembros de la Guardia Nacional, ha instalado una nueva barrera fronteriza y ha arrestado a miles de inmigrantes por cargos de invasión de propiedad privada.
Funcionarios de la Patrulla Fronteriza dicen haber elaborado planes para la llegada de hasta 18 mil migrantes a la frontera a diario una vez que en mayo sea levantada la medida sanitaria, conocida como Título 42. La semana pasada el promedio era de unos 7 mil 100 migrantes por día.
Pero desde el punto de vista de los ex funcionarios de Trump, Texas y Arizona podrían hacerse cargo de las responsabilidades migratorias del gobierno federal una vez que esta política llegue a su fin. Su plan se basa en una interpretación inédita de la Constitución de Estados Unidos para que la Guardia Nacional o la policía estatal devuelvan por la fuerza a los migrantes a México, independientemente de lo que digan las leyes de inmigración y los procedimientos policiales establecidos.
Emily Berman, docente de derecho constitucional en la Universidad de Houston, dijo que la invasión de Ucrania por Rusia puede calificarse como así porque es un gobierno externo que viola las fronteras de otro país, pero “sólo porque el estado dice que es una invasión no la convierte necesariamente en tal”.