El proyecto para construir una planta de amoniaco en Sinaloa quedó detenido hasta que las autoridades realicen una consulta entre la comunidad mayo-yoreme de Ahome, que denuncia posibles daños ambientales en la zona, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al otorgar un amparo a los indígenas.

Por unanimidad, los ministros señalaron que “resulta indispensable realizar una consulta libre e informada con la comunidad indígena quejosa, de manera previa a la autorización ambiental del proyecto de la planta de amoniaco en cuestión”.

El caso había sido ganado desde primera instancia por los pueblos originarios, sin embargo, ese fallo fue impugnado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien argumentó que la comunidad indígena no tenía interés legítimo en el caso, pues no vivía en la zona de influencia de la planta.

El tribunal que conoció la apelación consideró necesario que la SCJN la resolviera, por lo que pidió a los ministros atraerlo. Así, el caso fue encomendado al ministro Alberto Pérez Dayán, quien analizó incluso informes topográficos para tomar su decisión.

La SCJN estableció que la planta está al otro lado de la bahía de Ohuira, donde habita la comunidad quejosa, “y que entre ellas medía una distancia aproximada entre 6.7 y 7.5 kilómetros cuadrados en línea recta”, por lo que las posibles afectaciones son evidentes.

La planta pertenece a una subsidiaria del holding suizo-alemán Proman, que se presenta como líder mundial en la fabricación de fertilizantes. Se afirma que producirán 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco de anhidro, generando 2 mil 500 empleos directos.

No es la primera vez que los pueblos indígenas hacen uso del derecho a consulta previa para exigir que proyectos de minería, industriales, o incluso el Tren Maya, sean puestos a consideración de sus comunidades antes de que se aprueben.