Ante la negativa de la Secretaría de Marina (Semar) de aceptar una propuesta de conciliación para resarcir los derechos de una profesora de inglés del Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) en Ciudad de México, que, en mayo del 2018 denunció acoso sexual por parte de dos elementos que eran alumnos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 60/2022 al titular de la dependencia federal, almirante José Rafael Ojeda Durán.

En el documento, la CNDH destacó que la víctima solicitó medidas precautorias a la Semar, sin que fueran otorgadas y, posteriormente, fue agredida sexualmente por uno de los elementos navales.

Indicó que ocurridos los hechos, la víctima pidió ayuda a las áreas que supuestamente deberían auxiliarla; no obstante, diversas personas servidoras públicas de la Semar “ejercieron violencia institucional en su contra”, toda vez que no garantizaron su derecho a una vida libre de violencia en su trabajo, ni se respetó su derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.

“Las autoridades responsables no brindaron la atención oportuna ni dictaron las medidas precautorias para protegerla en su área de trabajo cuando denunció la violencia verbal y en redes sociales por parte del elemento naval que era su alumno, ni después de que sufriera la agresión sexual. Además, personal de la Semar omitió orientar a la víctima e iniciar una queja al interior de la institución para sancionar al infractor, independientemente de la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por el delito de violación”, detalló.

La CNDH expuso que si bien la Secretaría dio de baja al alumno, fue por inasistencias y no por la denuncia de la profesora. Además, “la víctima recibió amenazas de la pareja sentimental de su agresor, quien también era alumna en esa institución”, y ya no fue recontratada para dar los cursos de inglés en el CESNAV.

Ante este contexto, la Comisión Nacional emitió una serie de puntos recomendatorios al titular de la Semar para que se investigue y responsabilice a las personas servidoras públicas que omitieron garantizar el derecho a una vida libre de violencia en el trabajo y proteger y resguardar los datos personales de la víctima. También solicitó investigar y perseguir, por la autoridad correspondiente, la probable responsabilidad del agente naval por sus conductas hacia la víctima, a quien se le debe reparar íntegramente el daño, así como brindarle atención médica y psicológica.

De igual manera solicitó que se capacite al personal de Marina en materia de derechos humanos y violencia contra las mujeres.