Al rendir su informe de labores ante el pleno del Senado, la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra, refrendó la autonomía constitucional de ese organismo y resaltó que “por encima de la coyuntura y los vaivenes políticos”, la defensa de los derechos que tutelan es fundamental, “ya que hace que nuestra democracia sea vital y útil para las personas”.
El INAI, subrayó Ibarra ante los legisladores, “no tiene bandera política, es un organismo que basa su actuación en lo que está mandatado en la Constitución y se asume como una institución autónoma”.
La comisionada presidenta del INAI expuso que en el año reciente se presentaron más de 43 mil solicitudes de datos personales y el mayor número se concentraron en el IMSS, con 23 mil 150 solicitudes; el Infonavit, con 3 mil 417 solicitudes y el ISSSTE, con 2 mil 861 solicitudes.
Destacó que el año pasado, durante la pandemia, hubo un repunte que en el registro de solicitudes de información “no solamente se incrementó en más de 20 puntos porcentuales con relación al periodo anterior, sino que también supera los niveles previos a la crisis sanitaria, colocándose como el segundo nuevo máximo histórico”.
En el periodo reportado “recibimos más de 17 mil medios de impugnación en materia de acceso a la información”, lo cual implica un incremento de 19.2 por ciento comparado con el periodo anterior.
El tiempo promedio de respuesta de las solicitudes de información, aseveró, fue de sólo 13.1 días, tiempo muy por debajo del máximo de 20 días que prevé la ley.
Ibarra detalló en el pleno del Senado que desde 2003 a la fecha, más de 2.5 millones de solicitudes fueron ingresadas a los sujetos obligados del orden federal, de ese total poco más de 285 mil corresponden a este último periodo. Durante la lectura de su informe, subrayó que se impusieron multas por 100 millones de pesos, y “dónde más se concentraron las sanciones fue, en los servicios financieros y seguros, por 27 millones 441 mil 548 pesos, que representaron 28.5 por ciento; medios masivos de comunicación, con 20 millones 936 mil 383 pesos, y que representaron 21.7 por ciento, y servicios de salud y de asistencia social, con 11 millones 832 mil 134 pesos, que representó 12.3 por ciento”.
Ibarra respondió a la senadora Claudia Anaya, del PRI, quien le inquirió respecto a la acción de inconstitucionalidad que ese órgano presentó sobre el padrón de usuarios de telefonía móvil: “quiero informarle que en el periodo que se informa, estimada senadora, se presentaron diez acciones de inconstitucionalidad que han tenido por objeto, justamente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la probable contradicción de normas generales.
“Y en cuanto a las controversias constitucionales, se presentó en ese momento una, que es a la que usted se refiere. Efectivamente, el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil nos llevó a concluir, desde un análisis del INAI, que el decreto vulnera los derechos de protección de datos personales y acceso a la información y que existe falta de proporcionalidad en esa creación del padrón, porque incluye datos biométricos de personas usuarias. En ese sentido estamos atentos a lo que resuelva la Corte.”
