El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, informó que el partido gobernante aceptará seis de las 12 contrapropuestas de la coalición Va por México a la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque será mañana cuando se den a conocer de manera oficial los puntos a incorporar, adelantó que entre ellos se encuentran la declaratoria de la electricidad como un derecho humano; que el agua para el uso agrícola no sea considerada en las tarifas industriales; la reducción de las tarifas para servicios como el alumbrado público y los sistemas operadores de agua potable, así como el referente a la generación distribuida, que atañe a la producción a pequeña escala para hogares o comunidades.
La inclusión de la energía eléctrica entre los derechos humanos puede resultar problemática en tanto supone una especificidad que no existe en otros derechos: así, el derecho a la alimentación no contempla el derecho a determinados alimentos, ni el derecho al trabajo el ser contratado por determinada entidad. Con todo, la idea debe saludarse en la medida en que extiende derechos, y todo lo que implique una ampliación de las garantías resulta bienvenido.
De esta declaratoria de la electricidad como derecho humano se desprendería la baja en las tarifas domésticas y agrícolas, un punto sin duda positivo. Debe considerarse, sin embargo, que no basta con garantizar el abasto y el acceso de las comunidades rurales a la energía eléctrica, sino que el Estado debe impulsarlas para que generen su propia electricidad –al menos, la de baja tensión–, lo cual se lograría a través de la figura de generación distribuida, pero con un límite que evite las prácticas de reventa.
En este aspecto, es importante considerar que las comunidades agrarias –sean ejidos, fincas privadas o de otro tipo– son el sujeto ideal para generar la electricidad que consumen, pues en sus territorios suele haber superficie suficiente para las instalaciones fotovoltaicas, de viento, de cursos de agua y hasta de yacimientos geotérmicos, recursos que pueden y deben ser aprovechados en pequeña escala, fuera de la lógica depredadora de los megaproyectos privados o públicos.
Suprimir la tarifa comercial del alumbrado público y regresar al modelo de servicio público es una medida no sólo adecuada, sino incluso de sentido común, pues librar el costo de esta prestación al arbitrio del mercado ha llevado a muchos municipios a adquirir una deuda que pone en riesgo su viabilidad financiera y su capacidad para cumplir ésta y otras obligaciones ante los pobladores. Lo mismo ocurre en el caso de los sistemas operadores de agua potable de los ayuntamientos, mil 400 de los cuales se encuentran en quiebra, con la amenaza que ello implica para el derecho al líquido de millones de personas. Pero es pertinente preguntarse si no se debe, además, dar facultades y facilidades a los municipios para que sean capaces de generar parte de la electricidad que consumen.
Cabe felicitarse por estas adiciones y por todo enriquecimiento que experimente la iniciativa discutida en San Lázaro, siempre y cuando se hagan con el objetivo de garantizar derechos sociales y bienestar, así como de contribuir a la construcción de un sector energético con orientación social, con perspectiva de transición energética y que robustezca la confiabilidad de la red eléctrica.
Si se logran acuerdos en esta dirección, el único argumento opositor que quedaría pendiente de tratar sería la defensa de los agentes privados, de los contratos abusivos y, en suma, del modelo de saqueo al erario implantado por la reforma aprobada en el contexto del Pacto por México (signado por el PAN, el PRI y el PRD, mismos que ahora presentan una contrapropuesta a la iniciativa) en 2013.
Conforme se despejen las objeciones sociales y ambientales a la iniciativa de reforma eléctrica, se evidenciará que no hay razón para oponerse a ella salvo la de proteger el lucro de intereses privados impresentables y nocivos para las finanzas públicas, para el bienestar de los hogares, el medio ambiente, la soberanía, la estabilidad del sistema eléctrico nacional y las perspectivas de desarrollo del país.
