Organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron el “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza que terminó con cerca de 30 personas detenidas y varias heridas” en un operativo de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración. Exigieron al INM detener “las medidas arbitrarias, descoordinadas e improvisadas que aumentan el riesgo para las personas migrantes y solicitantes de protección internacional”.
En un pronunciamiento, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano exigió “detener las medidas discrecionales que aumentan la discriminación y el racismo al definir mecanismos improvisados y diferenciados de atención a las personas según su nacionalidad y su color de piel”. Asimismo, demandaron al INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) dar respuesta debida en tiempo y forma a los procedimientos migratorios.
De igual forma poner un “alto inmediato a la violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano contra las personas migrantes y con necesidades de protección internacional que se desplazan. La no criminalización de la labor de defensa de derechos humanos a través de la vigilancia, desinformación y difamación contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos”.
En su argumentación, las organizaciones cuestionaron que las personas heridas sigan sin la atención médica necesaria a pesar de que los hechos ocurrieron desde el viernes 1º de abril.
Cuestionaron el traslado de migrantes este domingo hacia Tabasco y Oaxaca bajo un esquema de traslado de acuerdo con sus nacionalidades. “La movilización inició hacia las 3 de la tarde en vehículos del INM con presencia de la GN, y posteriormente, hacia las 6 de la tarde, empezaron a trasladar a personas a las estancias provisionales de Huixtla y Huehuetán. A un grupo de personas se les dejó en la carretera a la altura de Álvaro Obregón, con indicación de llegar a Huixtla por sus propios medios. Hasta el momento no hay información sobre los procedimientos para realizar los traslados, ni los procesos de regularización migratoria a los que accederán las personas”.
