La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones a derechos humanos a la integridad personal y al trato digno, en agravio de una persona detenida por elementos de la entonces Policía Federal (PF) el 11 de febrero de 2010, en Zitácuaro, Michoacán.

En la queja, presentada en abril 2019, la víctima expuso que el día de su detención fue agredido por sus aprehensores y recibió descargas eléctricas en los genitales, ingle y zona púbica alrededor de cuarenta veces. Previamente, manifestó ante Ministerio Público que, el 11 de febrero, se le acercaron elementos de la entonces PF, quienes le hallaron una pistola calibre 38, por lo que fue detenido y golpeado desde el momento de su aprehensión hasta que lo pusieron a disposición del Ministerio Público Federal.

Indicó que los elementos de la PF lo golpearon en distintas partes del cuerpo, lo trasladaron en una camioneta a un lugar que desconoce; lo desnudaron, le vendaron los ojos, las manos y los pies; lo metieron en un saco para dormir con cierre e intentaron asfixiaron con bolsas de plástico y agua en el rostro. Después, la víctima fue trasladada a la base de la PF y la volvieron a agredir, agregando que “cerrajeaban” sus armas cerca de su sien.

En la Recomendación 58/2022, la CNDH expuso que tras analizar las evidencias de las múltiples lesiones que presentó la víctima, así como los estudios médico-forenses tanto de la entonces Procuraduría General de la República como de este organismo nacional, se acreditaron los tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el maltrato que fue deliberadamente causado en contra de la víctima por las agresiones físicas infligidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

En consecuencia, la CNDH solicitó a la titular de la SSPC que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, proceda a la reparación integral del daño ocasionado a la víctima. También, que colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que esta Comisión Nacional formule ante la Fiscalía General de la República, a fin de que se investigue y determine la responsabilidad de los servidores públicos implicados.

La CNDH pide, también, que se imparta un curso integral dirigido a los servidores públicos responsables de los hechos que continúen prestando sus servicios en esa Secretaría, el cual deberá tratar temas específicos sobre la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y deberá estar disponible de forma electrónica y en línea.