El proyecto de dictamen de la reforma constitucional en materia eléctrica anticipa dos cambios a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que ayuntamientos y organizaciones sociales –incluso campesinas y sindicales– generen su propia energía, por el equivalente hasta un megavatio, así como reconocer los contratos de generación distribuida, pero eliminar el modelo de autoabasto ilícito.

Se trata de agregados en el régimen transitorio de la propuesta, y que mantiene intocada la base fundamental de la reforma: recuperar el carácter estratégico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ordenar que se encargue de la transición energética; que el Estado mantenga el dominio sobre el litio y administre al menos 54 por ciento del mercado; y cancelar los contratos ilegales.

El centro de la reforma, explican las comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en el proyecto de dictamen que se circuló desde ayer a los legisladores, es que la electricidad debe pasar del modelo de commodity –esto es de un bien con un valor y utilidad– al de servicio público, para “devolverle el carácter social”.

Como habían previsto, las comisiones entregaron el texto a mediodía de este lunes, para cumplir con la disposición de que todo proyecto de reforma a la Constitución se circule cinco días hábiles previos a la fecha de discusión.

En los artículos transitorios, se agregó: “Se reconocen los contratos de generación distribuida existentes y se mantienen las condiciones vigentes para nuevos contratos hasta 0.5 megavatios. Los ayuntamientos y organizaciones del sector social sin fines de lucro podrán celebrar contratos para el autoconsumo con la generación distribuida hasta por un megavatio cumpliendo los requisitos que establezca la CFE”.

Juan Ramiro Robledo (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó en conferencia de prensa que como “organizaciones del sector social” también se considera a organizaciones campesinas y sindicales.

En el proyecto, ambas comisiones desechan la propuesta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la de la candidata de Va por México al gobierno de Hidalgo, Carolina Viggiano, para declarar el derecho humano a la electricidad, al considerar que ello ya está implícito en la iniciativa.

No obstante, se precisa que el Estado deberá definir una base mínima para la exigibilidad del derecho y, por tanto, el Sistema Eléctrico Nacional deberá revisar a la baja sus tarifas de uso doméstico y actividades primarias.

“Si la tarifa de la luz resulta impagable para un agricultor, ejidatario o comunero, o un trabajador, el derecho humano se quedará sólo en la letra de la Constitución”, explican.

Ambas comisiones desecharon siete de las ocho iniciativas de legisladores en la materia, y en lo que se interpretó como un guiño a los priístas que están en favor de la reforma, sólo se consideró en la redacción de las consideraciones la propuesta de Viggiano, quien es esposa del coordinador de la bancada en San Lázaro, Rubén Moreira.

La mención precisa que el objeto central de la iniciativa de la secretaria general del tricolor ya se cumple con la propuesta presidencial.

El proyecto asume la iniciativa presidencial para que el Estado realice en exclusiva la explotación de litio, y que la CFE tenga la responsabilidad de conducir la actividad estratégica de generación y distribución de electricidad, con objeto de “garantizar la seguridad energética como condición que sustente la seguridad nacional”.

Ambas comisiones también ratifican que, en las negociaciones del TMEC, el gobierno del presidente López Obrador dejó a salvo el derecho soberano de México de reformar su Constitución y las leyes, sin restricción a la materia energética.