Tengamos presente que en México, el proceso de transición democrática ha concluido desde hace años, y los resultados de 2018 se inscriben en el marco de la consolidación democrática. Más aún: nuestro país ha dado un salto hacia la transformación de sus instituciones con un proyecto político claramente orientado a atender las demandas sociales de una mayoría de la población olvidada y excluida, y que vive en condiciones de pobreza. Para Norberto Bobbio, en un régimen democrático, estar en transformación es el estado natural. La democracia es dinámica, al contrario del despotismo, que es estático. El fortalecimiento institucional es parte de este dinamismo, el cual hoy día, nos tiene que quedar claro a los mexicanos, debe ir encaminado a erradicar la simulación que por tantos años se vivió en diversos espacios de la vida pública del país en tiempo reciente. Y las resistencias no se dejan esperar, lógicamente, y a esto volveré más ­adelante.

Precisamente, contamos con un partido predominante, con un enfoque de izquierda. Orientado a garantizar más derechos sociales y fomentar su progreso con la implementación de programas sociales de largo alcance, que no son desconocidos para las personas habitantes del entonces Distrito Federal cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador fue jefe de Gobierno. La pensión universal para los adultos mayores es una realidad, al igual que la entrega de becas a estudiantes que lo requieren y el apoyo a niñas y niñas con discapacidad, son hechos que sustancialmente han contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas y a garantizar sus necesidades más básicas.

Ante el grave problema del desvío de recursos públicos a granel que cometieron anteriores gobiernos para uso personal y partidista, el proyecto político del presidente López Obrador ha defendido ante la sociedad mexicana la austeridad de los recursos públicos como principal directriz política, de la mano con la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Y qué hay de la presencia de las mujeres en la toma de decisiones en espacios públicos, tomando en cuenta que desde 1953 se les reconoce su derecho político a emitir su voto? Siendo un grupo que históricamente ha sido una minoría para ocupar cargos de elección popular y participar en la toma de decisiones en cargos titulares del servicio público, gracias a la sensibilidad política de la legislatura que hoy se conoce como la primera legislatura paritaria de la historia de México, se aprobaron en 2019 reformas a la Constitución Política para incorporar la paridad en todo, lo que representa un logro sin precedentes para avanzar hacia una participación equilibrada entre mujeres y hombres en la esfera política del país.

Desde luego, se incorporan a escala constitucional figuras de democracia directa, como la consulta popular y la revocación del mandato, como complemento de la representación que ejerce la ciudadanía a través del voto. ¿Qué vimos el pasado domingo? Una marcha que reunió aproximadamente a 2 mil personas para manifestarse contra la revocación de mandato. Y está bien en cuanto se ejerce el derecho de reunión y la manifestación de la ideas; pero hay que tener cuidadado en lo sesgado de sus afirmaciones, proclaman “¡democracia!”, hablan de “revocación falsa”. Sin embargo, no caen en la cuenta que la revocación de mandato es un derecho constitucional de todos los mexicanos y lo que sucederá el próximo 10 de abril es el ejercicio de un derecho, en cuyo contexto tampoco podría realizarse en un régimen totalitario.

Este ejercicio sentará el primer precedente para futuras convocatorias por parte de la ciudadanía. Por esta razón es importante sumarse, de otro modo, no podríamos hablar de una participación activa de la ciudadanía y medir su impacto. Es indiscutible, como lo refiere el jurista italiano, que la permanencia de las élites del poder se oponga a los ideales democráticos.

La polarización proveniente de estas élites y desde algunas esferas gubernamentales también, e incluso por cierto servidor público que en su calidad de árbitro en una autoridad electoral toma partido claramente por una de las partes, y no en su desempeño por velar por las reglas del juego democrático, suponen un círculo vicioso que no suma al proyecto nacional y se cierra al diálogo, que en una sociedad real que subyace en los gobiernos democráticos es pluralista.

Para opositores y partidarios del gobierno federal, la agenda en común debe ser el amor por México y un mejor país para quienes más lo necesitan.