“Mi obsesión ha sido la tortura, antes de ser víctima era defensor de presos políticos en Argentina. Después, en la promoción de la defensa de quienes la han padecido”, resume su experiencia Juan E. Méndez, relator de Naciones Unidas hasta 2016 para la tortura, cuyo informe sobre México desató la irritación gubernamental. “El país enfrenta una profunda crisis de seguridad pública que se ha saldado con una crisis de derechos humanos”, en la que están presentes la desaparición forzada de personas y la tortura.
“Lo dije como relator y lo sostengo, aunque ha habido cambio de gobiernos e iniciativas muy interesantes en el Poder Judicial, aún falta ver si estas modificaciones contribuyen a contener la crisis de derechos humanos y de seguridad. Hay casos tan terribles como Ayotzinapa que involucran crímenes muy graves, donde hay indicios de la participación del crimen organizado, colusión de autoridades estatales y federales, una muy mala investigación basada en la brutalidad de la tortura, que tiñó toda la indagatoria y ahora es imposible determinar qué se debió investigar”.
De visita en México para la presentación de Un puesto de lucha, libro autobiográfico que narra desde su aprehensión y tortura en la dictadura argentina hasta su paso por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, Méndez relata que “siempre lo vi como una sola dimensión porque a mí me torturaron y me detuvieron arbitrariamente durante un año y medio porque estaba defendiendo presos políticos. O sea que yo empecé a hacer lo que ahora se llama derechos humanos antes de ser víctima”.
En entrevista, alerta sobre otro de los graves delitos que han impactado a la región: la desaparición forzada de personas. “Se dio especialmente en América Latina de manera tan avasalladora, empezando con Guatemala, pero después en las dictaduras militares de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, que suscitó una respuesta de la sociedad primero y del derecho después. El fenómeno se mueve por todo el mundo. México no sólo tiene el problema contemporáneo, sino casos de desaparición forzada en los 70, en Guerrero, que no se han resuelto”.
Méndez subraya que uno de los aspectos que contribuye a preservar la desaparición de personas en México es la impunidad: “Para enfrentarla es necesario que cada acto de desaparición forzada se castigue penalmente. La falta de ese esfuerzo constituye una fuente de renovación del método y hace que cuanto más generalizada, más difícil es controlarla”.
Bajo la premisa de tener una visión panorámica de la tortura –en su calidad de víctima, defensor y relator–, advierte la vigencia de este delito que infortunadamente, en el contexto global de la lucha contra el terrorismo, se ha pretendido normalizar o percibirla como un mal menor frente a la amenaza terrorista.
Expertos en criminalística, recuerda, reconocen la ineficacia de la tortura, no sólo porque con los estándares internacionales y los marcos legales en los países, las confesiones obtenidas de esa forma se invalidan, sino porque un hombre torturado suele decir lo que supone el torturador y eso impide llegar a la verdad. Por el contrario, un terrorista que está dispuesto a morir, difícilmente va a confesar lo que pretende hacer.
Otro desafío global en materia de derechos humanos es la vulnerabilidad que se ha incrementado para los migrantes en el mundo, con una carga racial importante. “Las protecciones legales se han reducido y han retrocedido de una manera lamentable.
“Como relator para los derechos de los trabajadores migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visité México. Empezaba México a contribuir, a no ser tanto un país de tránsito, sino impedir el tránsito. Eso se ha vuelto más serio ahora”, con el endurecimiento de las medidas, la construcción del muro en el norte, “que debería ser una vergüenza para todos”.
