Ciudad de México. Las comisiones unidas de Energía y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados distribuyeron el proyecto de dictamen a la reforma constitucional en materia eléctrica, a la que se hacen sólo dos cambios en el régimen transitorio.

Las enmiendas son para que las comunidades y ayuntamientos

Esto, para que las comunidades y ayuntamientos, e incluso los sindicatos, generen su propia energía, equivalente hasta un megavatio; reconocer los contratos de generación distribuida existentes y mantener las condiciones vigentes para nuevos contratos hasta por .5 megavatios, y anular los contratos de auto abasto ilícitos.

El proyecto plantea aceptar la definición de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de cambiar el carácter que se impuso a la electricidad de commodity, esto es un bien con un valor y utilidad, al de servicio público.

“Este cambio tiene como propósito devolver el carácter social a la electricidad e impedir que en este sector solo prive el propósito de maximizar utilidades”, indica el documento.

Durante una conferencia de prensa esta tarde, Morena y sus aliados explicaron que el proyecto se presentó, en espera de que la oposición presente sus proyectos de cambio. La bancada mayoritaria presentará sugerencias de ajustes el jueves.

Como parte de la evaluación de la iniciativa, ambas comisiones proponen desechar la propuesta de la Conferencia Nacional de Gobernadores y del PRI, para declarar el derecho humano a la electricidad, al considerar que ello ya está implícito en la iniciativa.

No obstante, precisa que, con posterioridad a la reforma constitucional, el Estado establecerá una base mínima para la exigibilidad del derecho y sobre ella deberá avanzarse para su fortalecimiento.

En ese sentido, precisa que el Sistema Eléctrico Nacional deberá revisar sus tarifas de uso doméstico y actividades primarias.

“Si la tarifa de la luz resulta impagable para un agricultor, ejidatario o comunero, o para el hogar de un trabajador, el derecho humano se quedará solo en la letra de la Constitución. Entonces, para que la consagración de un derecho individual, fundamental, como el que se pronuncia asequible a las personas físicas, en el caso de la electricidad debe pasar necesariamente por la revisión de los esquemas de tarifas”, apunta.

En un guiño al sector del PRI que está en favor de la reforma, la única de las ocho iniciativas de legisladores que se consideran en el proyecto, es la de Carolina Viggiano, candidata al gobierno de Hidalgo y esposa del coordinador en San Lázaro, Rubén Moreira.

Si bien no se aprueba su propuesta de considerar a la electricidad como un derecho humano, se precisa que el objeto central de su iniciativa, ya se cumple con la iniciativa presidencial.

Respecto del litio, el proyecto ratifica que la asignación de permisos o concesiones se encuentra sujeta a un estatuto de derecho público, por lo que en esencia debe ser el Estado el que realice las actividades de explotación.

Las comisiones plantean que reconvertir a la Comisión Federal de Electricidad como un organismo del Estado y separarla de la condición de empresa productiva –como se estableció en la reforma de 2013-, será la premisa para entender la electricidad como un servicio público.

“De ahí, la condición para conceptualizarla como una obligación de Estado, lo cual requiere invariablemente otorgarle a la CFE su inclusión en la norma constitucional, no sólo para materializar la obligación del Estado mexicano en instituir a dicho organismo público como el responsable de realizar tal actividad estratégica, sino además para garantizar la seguridad energética como condición que sustente la seguridad nacional”, ponderan.

Además, se reconoce que la CFE sea la que conduzca la transición energética.

Como parte del proyecto, se desechan las opiniones vertidas durante los foros públicos en los cuales se analizó la iniciativa, en especial las que se presentaron respecto de que aprobarla, violaría las condiciones del TMEC, así como los tratados internacionales suscritos por México.

Al respecto, resaltan que, en las negociaciones del tratado, México dejó a salvo su derecho soberano de reformar su Constitución y su legislación interna.

La cláusula específica, abundan, revela un contexto en el que el presidente electo en 2018 planteó a los estados contratantes reconocer el derecho soberano de México a reformar su Constitución y la legislación secundaria, sin restricción a la materia energética.

“Lo anterior significa que el Estado mexicano hizo valer una reserva en los términos del artículo 19 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, por virtud de la cual excluyó o dejó fuera al sector de energía del ámbito de aplicación material del TMEC”, exponen.