México ensayó la doctrina del proteccionismo que estuvo en boga en gran parte del mundo. El ensayo duró 42 años, entre 1940 y 1982, es decir, el tiempo de siete sexenios presidenciales.
Aunque el proteccionismo logró estabilidad y progreso económico, se desvirtuó por varias razones: para empezar, los protegidos fueron los más fuertes, los industriales y los financieros.
Esta política propició la urbanización del país, pero abandonó el campo y la agricultura; provocó la miseria y el atraso en el mundo rural. Aumentaron así las desigualdades, características de la sociedad mexicana. Los mecanismos de sustitución de importaciones y de apoyo a las industrias nuevas y necesarias fueron usadas de modo arbitrario y se contaminaron por una terrible corrupción.
El proteccionismo reforzó el poder del Estado y lo convirtió en rector de la vida económica. Aumentó el autoritarismo, que tuvo su expresión extrema durante el régimen de Gustavo Díaz Ordaz. Al prolongarse demasiado el proteccionismo, tuvo efectos perniciosos, ya que los industriales mexicanos se acostumbraron a ser protegidos por el sistema presidencialista y no desarrollaron capacidades para poder competir con las empresas extranjeras.
El modelo proteccionista finalmente quebró con el desastre financiero de los años 80 y fue sustituido por la teoría y la práctica neoliberal, que a mi modo de ver fue básicamente conservadora y vino a reproducir las características de la política económica del porfiriato: aumentó el poder de las élites económicas y sacrificó a las clases populares. Además, se prestó a graves irregularidades políticas, a fraudes electorales que pusieron en crisis el sistema político y que lo llevaron al extremo de su precipitación.
Las fallas del neoliberalismo se magnificaron por el despilfarro y la corrupción. El nuevo régimen, que inició su vigencia en 2018, surge como una respuesta política apoyada por una enorme masa de la población contra los excesos y fallas de la política económica neoliberal y de su incapacidad para promover el desarrollo democrático. Este régimen podría propiciar la competencia económica, para la cual ya está preparado el país, y también estimular con inversión pública y programas sociales las bases para un Estado de bienestar.
