En la última década, los defectos de las políticas públicas de infraestructura carretera derivaron en el deterioro de las vías federales libres y en sobrecostos por el traslado de personas y mercancías en las carreteras con y sin cuota, por lo que hoy “el costo en el que se incurre por las deficiencias en las vías es mayor que lo que se invierte en mantenerlas en condiciones adecuadas”, de acuerdo con la Auditoría de Superior de la Federación (ASF).
En un análisis realizado como parte de la fiscalización de la cuenta pública 2020, encontró que para este último año sólo 16 entidades tenían vías libres en condiciones aceptables. El mal estado del resto de las carreteras federales sin peaje generó sobrecostos a los usuarios que pasaron de 25 mil 996.4 millones de pesos en 2012 a 38 mil 384.6 millones en 2020.
La ASF detectó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes –y antes la de Comunicaciones y Transportes– no estableció una meta de reducción de los sobrecostos por el traslado de personas y mercancías, pese a que éstos podrían disminuirse si las carreteras se encontraran en condiciones óptimas.
La revisión encontró que en 2020 había 217 zonas metropolitanas (localidades con más de 50 mil habitantes), de las cuales únicamente 9.2 por ciento no contó con conexión directa a la red federal carretera, pero sí con los accesos necesarios, lo que significa que 53.2 de la población tiene acceso a la red.
Las principales aduanas terrestres, portuarias y aeroportuarias están conectadas a la red y la mayoría de los destinos turísticos mexicanos son accesibles por las carreteras federales. No obstante, 40 pueblos mágicos carecen de ese servicio.
Si bien la ASF considera que existe conectividad carretera entre las ciudades, puntos de comercio internacional y los centros turísticos, hay importantes diferencias regionales en la movilidad.
En la zona sur-sureste y norte aproximadamente en 60 por ciento de los tramos carreteros se presentó un flujo vehicular aceptable, mientras en la región centro-sur y centro dicha proporción se reduce a 35 por ciento por saturación vehicular.
Para el periodo 2012-2020, se registró un cumplimiento de 83.5 por ciento de la meta de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial de reducir a la mitad las muertes por accidentes viales.