A pesar de las declaraciones de políticas transversales llenas de propósitos impecables y de algunas acciones institucionales de empatía con la causa de las mujeres, entre no pocas estudiantes y profesoras de instituciones de educación superior está vivo el sentimiento de desigualdad e injusticia. Hoy existe un distanciamiento esencial entre las declaraciones y propósitos en la estratosfera y la realidad de abajo. Sobre todo cuando se impone como criterio fundamental que las demandas de género no toquen las estructuras de poder institucional, las mismas que sostienen las prácticas de desigualdad y violencia simbólica.
Por eso en el retorno a “la normalidad” reaparecen con fuerza las protestas el 8 de marzo, las quejas en la UNAM, marcha y reclamos en el IPN, y que en la UAM se acuda a la Defensoría de los Derechos Universitarios para ver si acaso interviene en el tema de desigualdad en el ingreso a la educación superior. El tono escéptico nace de ver cómo en las instituciones de educación superior se llegó ya al cuestionable consenso de que para responder al problema de género lo mejor es fragmentarlo, manejarlo burocráticamente y caso por caso, como en una ventanilla de atención.
Es una visión que convenientemente encapsula la problemática femenina y desalienta la posibilidad de que las y los jóvenes vean críticamente a la institución, como un todo que confirma la lección de que a las jóvenes les corresponde un lugar menor y secundario en la vida y la educación y con eso, que la suya es una situación de inseguridad permanente. Y, además, como dice alguno de los carteles de la protesta en el Poli, precisamente en el lugar donde deberían sentirse más seguras.
Esta atmósfera institucional es tan fuerte que hasta las instancias nominalmente encargadas de proteger del acoso a las mujeres terminan defendiendo con igual o mayor vehemencia prácticas institucionales que son abiertamente injustas y desiguales. Y evitan así que las instituciones puedan ser confrontadas por exigencias de una verdadera transformación, basada en la perspectiva de un trato igual a las mujeres.
Dos ejemplos UAM: 1. A propósito del proceso para la designación de rector general de 2021 y teniendo en cuenta que nunca se había tenido una rectora, se solicitó a la Defensoría de los Derechos Universitarios que sugiriera a la Junta Directiva la ampliación del plazo para dar oportunidad a que alguna académica interesada se incorporara como posible candidata. La respuesta fue negativa porque, se dijo, significaba intervenir en la competencia de un órgano universitario.
2. El 8 de marzo 2022 se solicitó a esa Defensoría que atendiera al hecho de que en cada uno de los últimos 20 años más mujeres que hombres solicitaban ingreso a la UAM, pero que, ¡oh misterio!, el número de mujeres admitidas era menor. Por ejemplo en 2007, las solicitantes fueron 32 mil 700 y se admitieron sólo 5 mil 300. Entre los hombres la demanda fue menor, 27 mil 200, pero ingresaron7 mil.
En dos décadas, 2000-2020, sólo hubo dos años (2008 y 2020) en que el número de admitidas fue ligeramente superior. Y a esto contribuyó un cambio que hizo el rector general en el procedimiento en 2008, y en 2020 la pandemia. La respuesta de la Defensoría fue primero hacer ver que las solicitantes no eran parte de la comunidad y luego que “la Defensoría no puede sustituir ni asumir las competencias de otros órganos o instancias por lo que se determina la no admisión de la presente queja”.
La decisión de colocar como criterio máximo este principio inamovible tiene enormes y graves consecuencias. La UAM tiene una tupida vegetación normativa que hace que una enorme porción del quehacer institucional esté vinculada a los órganos universitarios. Y además, crece constantemente. En la Ley Orgánica, el rector tenía siete facultades, pero al aprobarse el Reglamento Orgánico crecieron a 27; el abogado general tenía una, le añadieron 18; los rectores de unidad pasaron de cuatro a 21, y los directores de división, de cero a 17. Pero, además, han surgido 24 reglamentos y políticas más (obviamente con mayor competencias) y, por si no fuera suficiente los órganos por su cuenta expiden acuerdos, disposiciones, instructivos (uno sobre cómo hacer reglamentos) que amplían aún más su territorio.
Esta concentración de facultades, ahora consideradas intocables e incuestionables desde la perspectiva de género no sólo nulifica en mucho el derecho de queja, sino que crea un desfase fundamental de la UAM respecto de nuevas realidades. En contraste, y sin mayor aspaviento, una institución con mujeres activas y libres ya aplica la paridad de género en el ingreso de sus estudiantes. A reserva de conocer más, es un paso interesante. Muestra que la imaginación para pensar y demandar algo diferente es indispensable para cambiar. Y muestra el error de encapsular y reprimir.
P.S. Desde 2014 lo dijeronclaro las marchas por Ayotzinapa: fue el Estado.
* UAM-Xochimilco
