¿Puede el Programa IMSS-Bienestar (PIB) atender el compromiso presidencial para garantizar el derecho a la salud a la población abierta (sin seguridad social)? La presentación del “plan de salud nacional” al cargo de Zoé Robledo –director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)– (conferencia matutina, 15/3/22) muestra que el compromiso enfrentará grandes desafíos y confirma que, más que un nuevo régimen sanitario 4T –orientado por la Atención Primaria a la Salud (APS)–, operará un cambio de políticas sexenales.
Después de la oportuna extinción del Seguro Popular, la presentación de Robledo dejó claro que el compromiso presidencial deberá ahora ser compartido con la Secretaría de Salud (Ssa) –como rectora del Sistema Nacional de Salud–, Insabi e Issste, a través de Mesa Nacional de Coordinacion para la Garantía y Atención en Salud que diseñó la Ssa en Gobierno y coordinación territorial de los servicios de salud (3/22) y que incorpora los Acuerdos de Coordinación firmados por Robledo con Nayarit (7/11/21), Tlaxcala (4/2/22) y Colima (25/2/22).
Peor aún, ni la estrategia territorial Ssa, ni los citados Acuerdos elaboran aún el nuevo modelo federal de atención, equilibrado entre acción comunitaria y atención médica (APS), ajustado al actual perfil rural-urbano de salud y dotado de un capítulo laboral reforzado a la altura de la labor que desempeñan los equipos de salud que atienden al universo del compromiso.
Ese nuevo modelo ordenaría también el de formación de recursos humanos –ya en curso– para disponer de médicos generales/especialistas, incrementando la matrícula universitaria (Universidad de la Salud y Universidades Benito Juárez) y sentando así las bases de un auténtico cambio de régimen sanitario y no sólo de políticas.
Tanto los Acuerdos como la estrategia territorial Ssa identifican atención a la salud con atención médica. El énfasis en la medicalización se aprecia en el octavo compromiso del Acuerdo-Nayarit que margina la participación comunitaria, así como en las funciones que asigna la Secretaría de Salud a los Distritos de Salud. Y aunque la estrategia territorial Ssa invoca la participación y movilización social, promoción de la salud, disminución de factores de riesgo, comportamientos saludables y a intervenir sobre los determinantes sociales de la salud, generando entornos saludables en las comunidades, se trata exclusivamente de enunciados.
Sucede exactamente lo mismo con las alusiones para gestionar la participación, movilización comunitaria realizando actividades que incidan en la salud y bienestar de las personas, familias y comunidades; planear y coordinar el monitoreo/evaluación de los entornos y procesos de activación comunitaria, así como evaluar unidades/servicios ofrecidos para implementar estrategias de mejora de calidad entre Distritos de Salud. Incluso, la Ssa establece que la Organización Operativa del Servicio Nacional de Salud Pública será la encargada de vigilar y hacer efectiva la integración/vinculación de los servicios comunitarios con la atención clínica de las personas al interior y en el marco de las redes integradas de servicios bajo un esquema de APS.
Toda esta enunciación académico-cubicular deriva de que la estrategia territorial Ssa porta una visión más de salubristas clásicos (expertos en salud pública) que de actualizados activistas en APS. Esta visión clásica de los expertos en salud pública ha sido también la responsable de la respuesta institucional para enfrentar la epidemia de covid-19 (véase al respecto Sánchez, Leal y Escobar, Seis modelos de atención en la 4T, por aparecer).
Debe agregarse que la particular visión de Zoé Robledo sobre el PIB expresada en la Hora Nacional ha optado por ignorar el ruinoso estado actual de este programa y su Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS). Véase al respecto Sánchez, Leal, Escobar y León, Acción Comunitaria en el IMSS-B. Visiones operativas de la otra historia, 2021). Y ha optado más bien por insistir, sólo de palabra, en la supuesta “integralidad” del MAIS en los Acuerdos ya signados.
Por tanto, aunque la Secretaría de Salud contribuyó con una estrategia territorial para la federalización, ni en ella, ni en los Acuerdos se dispone todavía de un modelo de atención APS, alejándose del Informe de la Comisión de Alto Nivel: Salud Universal en el Siglo XX1. 40 años de Alma Ata, presentado en Palacio Nacional (4/19). Hay pues estrategia territorial y Acuerdos sin modelo de atención.
Asimismo, el diseño de la nueva rectoría federal de la Ssa y los Acuerdos carecen del indispensable capítulo laboral reforzado correspondiente al nuevo modelo de atención. Tampoco se contempla la presencia complementaria del sector privado.
Así que el “primer paso táctico” para atender el compromiso presidencial garantizando el derecho a la salud deparará fuertes desafíos sin consolidar todavía un auténtico cambio de régimen sanitario a la altura de la 4T. Si acaso, un cambio –ciertamente muy esperado y oportuno– de políticas sexenales.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
