El gobierno de México hace el “trabajo sucio” de Washington al militarizar su frontera sur para evitar el paso de indocumentados, y al mismo tiempo aceptar convertirse en la práctica en un “tercer país seguro” para quienes solicitan refugio en Estados Unidos, en medio de condiciones de gran vulnerabilidad y riesgo, denunciaron participantes en el conversatorio Derechos humanos en México: un balance a mitad del sexenio de López Obrador.
Durante el segundo día de actividades del foro virtual, la antropóloga Ximena Alba, investigadora del Instituto de América Latina de la Universidad Libre de Berlín, señaló que México aplica en sus fronteras norte y sur una política de militarización y securitización que considera una “amenaza” a las personas en condición de movilidad.
No sólo ha llevado a la Guardia Nacional a la línea divisoria con Guatemala para frenar el tránsito de los migrantes, sino que también ha aceptado en su territorio a solicitantes de refugio en Estados Unidos, quienes deben quedarse varios meses en ciudades con altos niveles de violencia.
“Había esperanza de que con él la situación cambiara, pero en la práctica, los controles migratorios hoy son más agresivos”, lamentó.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, coincidió en que el gobierno ha endurecido las políticas migratorias y ha aceptado ser un “tercer país seguro” sin garantizar la integridad de los solicitantes de refugio.
“Le hemos hecho el trabajo sucio a Estados Unidos, y lo hemos hecho muy bien, porque desde el inicio de la pandemia y hasta octubre de 2021, México ha deportado a 228 mil personas, que es 37 por ciento más con respecto a 2019”, indicó la abogada.
Mientras tanto, Alejandra Méndez, del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés, subrayó que el país no tiene regulaciones medioambientales que se lleven a la práctica realmente, lo que ocasionó que empresas nacionales y extranjeras contaminaran de forma grave el río Atoyac.
