El presidente Andrés Manuel López Obrador y varios funcionarios de su gabinete se reunieron el jueves con el enviado para el cambio climático del gobierno de Estados Unidos, John Kerry, el embajador de Washington en México, Ken Salazar, y un grupo de empresarios estadunidenses de los sectores eléctrico, manufacturero y automotor para abordar la iniciativa de reforma en la materia elaborada por el Ejecutivo mexicano y remitida al Legislativo para su discusión.
El encuentro de alto nivel generó versiones encontradas: mientras el mandatario aseguró que los funcionarios estadunidenses quedaron “satisfechos” y “muy contentos” y que no le expresaron inquietudes por la iniciativa durante la reunión de cinco horas en Palacio Nacional, la embajada difundió ayer un comunicado donde sostiene que los representantes de la Casa Blanca “reiteraron las importantes preocupaciones que EU ha planteado sobre los cambios en la política energética” mexicana. Este despacho va más lejos al plantear que las modificaciones constitucionales implican posibles violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo cual “pone en riesgo miles de millones de dólares de inversión potencial en México y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero”.
Adicionalmente, al salir de la reunión, el ex secretario de Estado hizo declaraciones a la prensa en las que aseguró la existencia de un acuerdo por el cual su nación mantendría un equipo en México “para tratar de asegurarnos de que todo lo que surja del esfuerzo de reforma (eléctrica) refleje la mejor capacidad para seguir adelante”. Esta especie fue desmentida de manera enfática por el presidente López Obrador, quien negó que su gobierno hubiese accedido a una suerte de vigilancia extranjera sobre la actuación de las autoridades mexicanas, y reiteró que eso no se puede aceptar, venga de Estados Unidos o de cualquier otro país.
A fin de evitar cualquier malentendido ulterior, parece deseable que se dé a conocer el contenido íntegro de la reunión. Sin embargo, con independencia de lo que se haya dicho el jueves, lo cierto es que resulta un despropósito pretender que un grupo de funcionarios foráneos “audite” el desarrollo del proceso legislativo mexicano, sin importar la magnitud de los intereses corporativos en juego. El hecho de que el ex senador Kerry plantee una medida semejante muestra que él –o peor, el gobierno al que representa– sigue anclado en una visión asimétrica, irrespetuosa e incluso neocolonial de los vínculos bilaterales.
Es necesario reiterar que sólo el Congreso de la Unión está facultado para decidir si aprueba, rechaza o enmienda la iniciativa presidencial, y sólo el Estado mexicano puede dictar las políticas de aprovechamiento de los recursos naturales nacionales, incluidos aquellos que se emplean en la generación de electricidad. Por último, vale señalar la ironía de que la Casa Blanca use el pretexto de las energías limpias para presionar a México a mantener privilegios indebidos a las grandes corporaciones, al mismo tiempo que el presidente Joe Biden anuncia la inyección de reservas petroleras más grande de la historia para tratar de contener la escalada de precios de los combustibles. En suma, cabe exhortar a la administración demócrata a respetar sin cortapisas la soberanía mexicana, y ocuparse de los acuciantes problemas presentes en su sociedad.
