Un centenar de familiares de personas desaparecidas iniciaron este viernes la primera de tres jornadas de búsqueda de fosas clandestinas en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, donde según datos de la Fiscalía del estado, en febrero pasado una brigada similar, aunque con menos buscadores, localizó al menos 44 cadáveres.
Durante todo el día y divididos en cuatro grupos lograron ubicar una fosa clandestina en la que encontraron varias bolsas con restos humanos, enterrados en la cochera de una casa localizada en la calle Cerro Largo, en la sección 10 del fraccionamiento Chulavista, lugar que fue denunciado de manera anónima.
Contrario a lo ocurrido en febrero cuando se realizó la primerabrigada y hubo malentendidos sobre todo con el gobernador Enrique Alfaro –quien entonces desconfió de los grupos de búsqueda y después se disculpó al conocer su labor–, ahora las autoridades de los tres niveles de gobierno los acompañaron, brindaron seguridad y apoyo a los voluntarios, quienes a su vez se habían preparado con donaciones en especie, como herramientas para ayudarse en la exploración. Incluso se contó con maquinaria pesada para ayudar en la excavación.
Otros grupos exploraban en un parque público en las inmediaciones, en el cual también tenían reportes de que posiblemente hubiera cadáveres enterrados de forma clandestina, pero no se confirmaron más hallazgos luego de que terminó la jornada a las 18 horas.
Amplia participación de funcionarios
Cecilia Patricia Flores, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que llegaron a apoyar a los colectivos jaliscienses –junto con grupos de otros siete estados, están por integrar un Colectivo Nacional de Madres Buscadoras–, se dijo sorprendida de la respuesta de la sociedad civil y también del amplio número de funcionarios públicos que participaron.
“Que no se le olvide al gobierno que esto es su chamba, que nosotros lo hacemos porque tenemos hijos sin localizar y por humanidad colaboramos en estos trabajos, no sólo en Sonora y aquí en Jalisco, sino en otras partes del país”, explicó.
Este acontecimiento se da tras el reclamo que hicieron agrupaciones de Jalisco hace un par de días, luego de que el gobierno estatal informara el 25 de marzo que el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición a su cargo sólo reconoce 11 mil 300 desapareci-dos, cuando en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se contabilizan 16 mil 222.
También denunciaron que el gobierno jalisciense sigue sin poner en operación el Registro Estatal de Personas Desaparecidas.
Exigen aprobar centro de identificación humana
Familiares de personas desaparecidas de Morelos demandaron a los legisladores de la Cámara de Diputados que aprueben lo más pronto posible la iniciativa para la creación del centro nacional de identificación humana, que envió el pasado jueves el presidente Andrés Manuel López. Solicitaron que otorguen presupuesto suficiente y debidamente etiquetado para que este cumpla su función.
Angélica Monroy Rodríguez, madre de la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Viridiana Morales, desaparecida en agosto de 2011, recordó que esta petición se la hicieron al presidente López Obrador desde que inició su mandato.
Localizan restos de activista en Chihuahua
Por otro lado, autoridades de Chihuahua localizaron el cadáver de Aldo Loya Morales, ex candidato de Morena a diputado federal, quien había denunciado públicamente al delegado federal de programas de Bienestar de ese estado, Juan Carlos Loera de la Rosa (precandidato de Morena a la gubernatura), por presuntos actos de corrupción.
El cadáver fue hallado el 30 de marzo en un camino que conduce de El Terrero al ejido Benito Juárez, de Namiquipa, tras ser privado de la libertad por sujetos armados que irrumpieron en su domicilio ubicado en esa misma localidad el lunes 28 de marzo. Sin embargo, sus familiares no denunciaron, según fuentes de la Fiscalía de Chihuahua.
En 2020 Loya Morales encabezó una marcha de indígenas rarámuris desde el municipio serrano de Bocoyna a la capital del estado, contra Loera, y lo acusó de omisiones en la entrega de apoyos del programa Sembrando Vida y otros dirigidos a pueblos originarios.