La reforma constitucional en materia eléctrica “se queda como está, porque incluye lo que ellos tienen como preocupación, lo de la transición energética. Por eso les vamos a enviar la iniciativa, para que la conozcan bien”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador, al relatar el encuentro del jueves con funcionarios y empresarios de Estados Unidos.
Para la reunión, el gobierno de México elaboró un decálogo en el cual se destaca el compromiso de atender a las empresas “sin actuar de manera injusta y arbitraria”, y fomentar las energías limpias, pero también se pide respeto a la soberanía.
Durante la conferencia matutina de ayer, el mandatario comentó que “no hubo realmente protestas, fueron muy respetuosos”. Sobre el tema del tratado comercial de América del Norte, aseveró: “No hay nada que signifique que nosotros estamos incumpliendo. Nada”.
López Obrador fue tajante en rechazar la integración de un grupo de enviados de la Casa Blanca para “vigilar” el desarrollo de la iniciativa de reforma, la cual será votada este mes en la Cámara de Diputados.
“Ellos plantearon eso y yo me quedé callado”, relató el Presidente a la prensa.
–¿No lo aceptaron?
–No se aceptó. –Es como si yo voy a Estados Unidos y le propongo al presidente Biden que reduzca el precio de las gasolinas por decreto, en Estados Unidos; (él) con razón me diría: ‘Y tú qué te metes, deja de estar de zalamero’.
Aclaró que una cosa es comunicarse, mensajes de ida y vuelta y otra “imponer un grupo para vigilarnos, observarnos. Eso no lo permite nadie. A lo mejor sí, a lo mejor en otros tiempos, gobiernos sumisos, entreguistas, pero ya no son los tiempos de antes”.
La conferencia de prensa de este viernes se inició con la inquietud de los asistentes por conocer más detalles de la sesión de cinco horas, realizada en Palacio Nacional, con la delegación encabezada por John Kerry, enviado especial de la Casa Blanca para el cambio climático, quien estuvo acompañado de ejecutivos de consorcios como AES, Sempra Energy, Invenergy, New Fortress Energy, Blackstone, General Motors, Johnson Controls, Talos y Ford.
Dijo que sus invitados “se sintieron atendidos y satisfechos, porque no es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias; no es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica, energía con agua en las hidroeléctricas”.
Enseguida informó del esfuerzo de su gobierno para no aumentar el número de plantas de generación de energía eléctrica a base de carbón; las tres que hay actualmente trabajan a 50 por ciento de su capacidad instalada, es así que los niveles de México en este rubro “no son nada” comparados con los de China o Estados Unidos.
Se habló del T-MEC, “porque se dice que nosotros no estamos cumpliendo con el tratado, por este tema (de las energías limpias)”, pero aclaró que México no participará en nada que signifique corrupción, como los contratos de autoabasto. “Eso también está en el tratado”, recordó López Obrador.
El decálogo
En el decálogo que elaboró México, el primer punto ofrece la garantía del gobierno de respetar los permisos de importación a las petroleras ExxonMobil, Valero, Koch, Shell y Tesoro, siempre que acaten las condiciones de precios justos y legalidad, “es decir, no vender huachicol ni hacer contrabando”.
La administración federal propuso, como gesto de buena voluntad, retirar las denuncias y levantar las clausuras derivadas del presunto huachicol, pero habría fuertes sanciones por reincidencia. El gobierno reveló incluso que hay terminales construidas sin permisos, por lo que la única opción para éstas sería la adquisición por parte de Pemex.
Como segundo aspecto se reitera que no se otorgarán nuevos permisos en el sector, porque el objetivo es fortalecer a Pemex y a la CFE, mismas que en adelante tendrán prioridad “por el bien del pueblo y de la nación”. “Así de claro”, expresó el mandatario al leer los 10 puntos.
En el tercero, el gobierno mexicano pide a las petroleras de Estados Unidos con permisos para extraer petróleo y gas de México invertir, porque de las 112 concesiones entregadas el sexenio pasado, en el marco de la reforma eléctrica, sólo lo hacen dos. Por primera vez se indica que las estadunidenses (Talos, Fieldwood, ExxonMobil, Murphy Sur, Chevron, Verdad y Roma Energy) están en esa inmovilidad.
El punto cuatro plantea que el yacimiento Zama, compartido por Pemex y Talos Energy, inicie sus operaciones de exploración y perforación. Si Talos se desiste (de una demanda en rechazo a la participación de Pemex en la administración) la empresa pública mexicana iniciará los trabajos de perforación en este yacimiento con potencial de entre 550 y 650 millones de barriles de petróleo equivalente a casi 5 mil millones de dólares después de impuestos.
En el quinto se confirma el plan de que la CFE genere 54 por ciento de la electricidad y el sector privado el 46 por ciento restante. “¿Dónde está la estatización si estamos compartiendo el mercado?”, preguntó el jefe del Ejecutivo.
No se trata, añadió, de una iniciativa estatista ni expropiatoria, “lo que se busca es rescatar a Pemex y CFE por seguridad nacional y para mantener precios justos para los consumidores, para evitar crisis como las de Texas o España”.
(En la mañanera López Obrador subrayó la importancia de avanzar hacia la autosuficiencia y reconoció el esfuerzo de Biden en esta materia. “ Está muy radical el Presidente Biden, pero tiene razón. ¿Cómo se entregan contratos y en vez de invertir y producir se utilizan para especular?)
El sexto se refiere al caso Sempra y otras empresas que tienen acuerdos con la CFE y contratos de transporte en gasoductos; les proponen invertir en Topolobampo, Salina Cruz y Coatzacoalcos para construir tres plantas de licuefacción y exportar gas a países de Asia, América y Europa. Las interesadas deberán llegar a acuerdos con la CFE a más tardar en un mes, de lo contrario la empresa pública licitará.
Los puntos siete y ocho se refieren a propuestas para la producción conjunta de energía con la iniciativa privada.
En el penúltimo se destaca que la política del actual gobierno no apuesta a la contaminación y enumera las acciones recientes para apoyar soluciones frente al cambio climático.
Menciona, por ejemplo, el programa de reforestación Sembrando Vida, y el techo de producción petrolera, así como la disposición de apoyar la transición energética de la industria automotriz de Estados Unidos en México.
En el décimo se manifiesta la voluntad de diálogo y la importancia para México de la relación con el gobierno de Estados Unidos y las empresas de ese país, con respeto a las soberanías “y sin permitir actos ilegales, influyentismo y corrupción”.
Rebelarse, sugiere a priístas
Antes, López Obrador sugirió a los diputados del PRI “rebelarse contra su dirigencia y apoyar la iniciativa de reforma que busca fortalecer la CFE; ponerse así del lado del pueblo y no asumir una actitud vergonzosa de colocarse del lado de las empresas extranjeras.
“Recuerden lo que decía el general Cárdenas: ‘quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es traidor a la patria’”.
Confió en que los legisladores priístas voten en absoluta libertad, “y que no sea un asunto cupular”, que no los obliguen.
En riesgo, miles de millones de inversión potencial: Washington
Arturo Sánchez Jiménez
La reforma constitucional en materia eléctrica implica posibles violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y “pone en riesgo miles de millones de dólares de inversión potencial en México”, advirtieron el enviado especial de Joe Biden para el clima, John Kerry, y el embajador Ken Salazar en la reunión que sostuvieron el jueves con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras el mandatario aseguró ayer que el largo encuentro celebrado en Palacio Nacional dejó a los funcionarios estadunidenses “satisfechos” y “muy contentos” y que no le expresaron inquietudes por la iniciativa, la embajada reveló en un comunicado que en la reunión los enviados de Biden “reiteraron las importantes preocupaciones que Estados Unidos ha planteado sobre los cambios en la política energética” mexicana.
Es la segunda vez que la embajada emite información que apunta a que hay posiciones encontradas en las conversaciones entre ambos gobiernos sobre la reforma.
En enero, tras un encuentro entre López Obrador y la secretaria de Energía estadunidense, Jennifer Granholm, el titular del Ejecutivo federal reseñó que la enviada de Biden no le planteó inquietudes por la reforma.
Al día siguiente la embajada difundió declaraciones en las que Granholm enfatizó que expresó abiertamente “las preocupaciones reales de la administración Biden sobre el potencial impacto negativo” de la iniciativa.
Ayer, la representación diplomática detalló que Kerry y Salazar defendieron los proyectos y contratos existentes que una gran cantidad de proveedores de energía renovable de Estados Unidos tienen con el gobierno mexicano con el argumento de que “representan una base sólida para el desarrollo del futuro de la energía limpia de América del Norte”.
Kerry y Salazar señalaron a López Obrador que “la plena implementación y adhesión a nuestros acuerdos comerciales es necesaria para promover nuestros intereses compartidos y la competitividad regional”, detalla el comunicado.
También abordaron los principios básicos que su gobierno considera que deben guiar la política en el sector energético, incluida la aceleración de transición a la energía renovable, el fomento de la integración económica de América del Norte y el cumplimiento del T-MEC.
“El presidente López Obrador coincidió en que estos son principios importantes”, resaltó la representación diplomática del gobierno de Biden, que agregó que este es el tercer viaje de Kerry a México en cinco meses, “lo que destaca la importancia que el gobierno de Estados Unidos le brinda a esta relación bilateral en la lucha global para evitar las peores consecuencias de la crisis climática”.
Kerry reafirmó que los proyectos de energía renovable liderados por Estados Unidos ejemplifican el despliegue rápido y significativo de energía renovable que puede generar miles de empleos en México, reducir los costos de energía para el pueblo mexicano y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para ayudar a limitar el calentamiento global a menos de 1.5 grados Celsius.