El fiscal incómodo. El sainete dramático que por sus diversas consecuencias ha venido protagonizando el fiscal Alejandro Gertz Manero expresa de la peor manera el estado actual de la justicia en México. Es además un excelente caso para analizar qué pasa cuando los reformadores se concentran en las reglas –el diseño institucional–, pero omiten considerar el papel crucial de los actores sociales.
La sociedad autoritaria. Me interesa ahora explorar las emociones y sentimientos de los ciudadanos en las décadas recientes. La cultura autoritaria que heredamos es mucho más dañina para la vida democrática en la medida en que genera diversas subculturas que tienen un rasgo en común: buscar engañar al sistema usando sus mismos códigos y la misma narrativa. Sus principales ingredientes son los dobles estándares, darle la vuelta a las leyes y, sobre todo, la corrupción del lenguaje. Lo relevante de esta cultura autoritaria es que sobrevive y se adapta en las alternancias políticas.
Alexis de Tocqueville señalaba un rasgo del Antiguo Régimen: “regla rígida y práctica blanda”. Añade que entre los hombres del Antiguo Régimen estaba vacante el lugar que debe ocupar la idea de la ley en el espíritu humano. Los hábitos del corazón y los hábitos del espíritu a los que se refirió Tocqueville son decisivos además para entender la forma como operan las transiciones políticas.
Latinobarómetro. Tomemos la visión larga y de conjunto que ha presentado en los 23 años que lleva este instituto midiendo el pulso de los latinoamericanos, en la que concluyen que a lo largo de esas mediciones, la democracia alcanzó su apoyo más alto en dos momentos: 1997 y 2010. A partir de 2010, el apoyo a la democracia declina de manera sistemática año con año hasta llegar a 48 por ciento en 2018. Hoy estamos constatando los síntomas de una enfermedad, la diabetes democrática.
La crisis de la democracia. Se refleja muy bien con el indicador de satisfacción con la democracia, en el que aumentan los insatisfechos de 51 por ciento en 2008 a 71 por ciento en 2018, una década de disminución constante y continua de satisfacción con la democracia. La afirmación de que “se gobierna para el bien de todo el pueblo” cae de 36 por ciento en 2011 a 17 por ciento (menos de la mitad) en 2018, un desplome de 19 puntos porcentuales. Así, entre 2006 y 2018 aumentan de 61 a 79 por ciento los que dicen que se gobierna “para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”. En Brasil son 90 por ciento de los ciudadanos quienes dicen que se gobierna para unos pocos y en México, 88 por ciento.
¿Se puede confiar en alguna institución? En el informe Latinobarómetro del año pasado –considerando ya los efectos de la pandemia– aparecen datos claves respecto a lo anterior. Así, la confianza en la Iglesia es de 53 por ciento para México, con un promedio en América Latina de 61. La confianza en las fuerzas armadas es de 48 por ciento en el país, con promedio de 44 en América Latina. La confianza en la policía, 22 en México, con 36 en América Latina. La confianza en el presidente se encuentra en 44 por ciento en México, con 32 de promedio latinoamericano. La confianza en autoridades electorales, en 36 por ciento en nuestro país, con 31 como promedio. En el gobierno, la confianza alcanza 28 por ciento en México, con 27 de promedio en América Latina. En el poder judicial, la confianza apenas llega a 24, con 25 de promedio. En el congreso o parlamento logra magro 22 por ciento en México, con 20 promedio en la región. La confianza en los partidos políticos se encuentra en 13 por ciento en el país, con 13 de promedio latinoamericano.
Y la cereza del pastel: los ciudadanos creen que las leyes se cumplen poco o nada en 83 por ciento en México y en 84 de promedio latinoamericano. En ese contexto, los episodios que involucran al fiscal incómodo y al ex consejero jurídico de la Presidencia son ampliamente congruentes con el estado de chueco que prevalece en la región.
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