La iniciativa que envió la senadora Olga Sánchez Cordero para reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad no logrará dicho objetivo, pues hace una “graduación” de dicha garantía, en vez de otorgarla a todas las personas, además de no tener claros diversos conceptos básicos sobre el tema.

Así lo denunció Ernesto Rosas, director de Vinculación Interinstitucional de la Confederación A Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual IAP, quien llamó a los legisladores a abrir dicha iniciativa a consultas y modificaciones antes de que sea aprobada y enviada a la Cámara de Diputados.

En entrevista, el experto indicó que una de las finalidades del proyecto de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado –el cual se publicó en la Gaceta de dicho órgano el pasado 29 de marzo– es reformar el Código Civil federal, supuestamente para reconocer la facultad jurídica de las personas con discapacidad, como lo exigen tratados internacionales en la materia.

Sin embargo, a pesar de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad indica que se debe “reconocer plenamente” esta garantía, la propuesta de la senadora señala que debe haber primero una especie de “graduación” del reconocimiento, a través de una serie de pruebas siquiátricas y sicológicas al titular de los derechos.

De esta forma, alertó Rosas, “ya no se identifica una capacidad jurídica plena, sino dependiendo de la condición de cada persona. Siguen pensando que la capacidad jurídica sólo debe reconocerse para quienes tienen alguna discapacidad intelectual o sicosocial, pero debemos señalar claramente que es para todas las personas con discapacidad”.

Sobre “tutores y custodios”

Por otra parte, la iniciativa sigue dejando en manos de los jueces la facultad de definir quiénes serán los “acompañantes” de las personas con discapacidad en temas legales, e incluso vuelve a usar términos como “tutores” o “custodios”, lo cual “no cumple con las expectativas reales de la Convención”.