El segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito resolvió que carece de facultades para pronunciarse en el juicio de amparo que interpuso Miguel Ángel Félix Gallardo con el fin de disminuir la condena de 40 años de cárcel por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho, que se le impuso en 2003, ya que corresponde a un juez de ejecución de penas determinar si procede la sustitución de sentencia.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó previamente revisar el recurso, por lo que quedó firme la sentencia dictada en contra del fundador del cártel de Guadalajara.
Es la segunda ocasión en menos de un mes que el máximo tribunal rechaza una petición de Félix Gallardo, pues apenas el pasado 4 de marzo declinó atraer otro amparo con el cual solicitaba que se le otorgara la prisión domiciliaria en razón de su edad (76 años) y en atención también a que padece varias enfermedades.
En el caso más reciente, el ex capo pedía a la SCJN atraer el amparo directo en revisión 1057/2022, que fue fallado en su contra en el segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito.
La petición fue desechada debido a que el caso no contiene ningún tema novedoso o de constitucionalidad que no haya sido agotado en las primeras instancias. El colegiado argumentó que carece de facultades para pronunciarse en torno a la tramitación de dicha solicitud incidental, “ya que no se encuentra contemplada dentro de la normatividad que rige el actuar de este órgano jurisdiccional dentro del presente juicio de amparo directo”.
Apuntó que el colegiado también carece de facultades para dar trámite al incidente de sustitución de la pena por una medida de seguridad, dado que su tramitación no está prevista expresamente en las leyes de Amparo ni en la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, “sino que se encuentra en la legislación única de ejecución de las penas, respecto de la cual este órgano de amparo no tiene facultades para aplicarla de manera directa, como si se tratase de un juez de ejecución”, señala el resolutivo de los magistrados.
En febrero, Félix Gallardo impugnó el fallo que le negó la protección de la justicia federal luego de que el impartidor de justicia argumentó que en el proceso por el cual se le sentenció se cumplieron todos los requisitos legales y por tanto se trata de cosa juzgada.
El capo permanece preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, donde cumple, además de la sentencia de 40 años que impugnaba, una más por 37 años de prisión por el asesinato de Enrique Camarena Salazar, investigador de la agencia antidrogas estadunidense, conocida por sus siglas en inglés como DEA.
