Expertos de la UNAM advirtieron de los riesgos de la construcción del Tren Maya en la Península de Yucatán, sobre todo en los tramos 4 a 7, por la falta de estudios de impacto ambiental y la ausencia de la consulta y consentimiento informado de las comunidades, ya que ahí residen 44 de 68 grupos etnolingüísticos.
En el foro Tren Maya, análisis de los impactos desde la academia, convocado por el Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, Ana Esther Ceceña, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, sostuvo que para el plan se hizo una consulta a las comunidades, pero sin que éstas conocieran el proyecto ni los impactos que habría.
“Una obra de este tipo que afecta la vida de las comunidades requiere el consentimiento explícito de las comunidades, ya que habrá despojo de tierras, directo e indirecto”. Precisó que “el tren no es sólo eso; trae un conjunto de actividades y no se han hecho estudios de factibilidad del proyecto”.
Advirtió que en Quintana Roo no sólo hay pequeñas pandillas, sino los grandes cárteles tienen presencia en la zona, “la gente queda en riesgo del crimen organizado”, hay trata de personas y todo lo que va de la mano con el turismo masivo y falta de respeto a las poblaciones locales.
Rodrigo Medellín, del Instituto de Ecología de la UNAM, dijo que desde el principio no se conoció el plan ejecutivo del proyecto y en el tramo 5 (Cancún-Tulum) es evidente el destrozo. “No hay manifestación de impacto ambiental para ser consultada y que podamos ver las medidas de mitigación que pudieran resolver las preocupaciones”.
Una sección del tramo 7 (Bacalarw-Escárcega), apuntó, estaba cerca de la cueva de murciélagos más grande de América Latina, donde residen unos 3 millones de ejemplares, cada millón de ellos destruye 3 toneladas de insectos cada noche, entre ellos plagas de la agricultura. “Entiendo que se cambió el trazo y pasará detrás del cerro donde está la cueva, lo cual traerá también destrozos en un corredor donde cruzan jaguares”.
Gustavo Alanís, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, precisó que el proyecto incumple con la legislación ambiental, la cual plantea que se debe presentar en forma integral para la evaluación y esto no se hizo. Los municipios definen en sus programas de desarrollo urbano los usos de suelo y nadie ha dicho cómo es que el proyecto cumple con ellos.
