La Presidencia de la República pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que analice la postura del Instituto Nacional Electoral (INE) para reducir el número de casillas que se instalarán para el ejercicio de revocación de mandato.
Mediante un recurso de queja, la Consejería Jurídica del Ejecutivo señaló que la decisión de la autoridad electoral se dio “de manera discrecional e injustificada” y por ello vulnera los derechos ciudadanos.
En el recurso de queja 4/2022-CC señala que el INE incumplió con la disposición del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien en diciembre pasado le ordenó realizar la consulta “de la manera más eficiente, como lo permita el presupuesto programado”.
Esta disposición se dio ante la controversia constitucional 209/2021, del Ejecutivo federal en contra de la determinación del INE de diferir la revocación de mandato, aduciendo falta de presupuesto.
Al admitir a trámite este juicio, el ministro González otorgó la suspensión, ordenando que se continuara con la organización del ejercicio, con el presupuesto disponible.
Sin embargo, señala el Ejecutivo, el INE utilizó esta disposición de la SCJN para recortar el número de casillas. De las 160 mil que se instalaron en la elección federal de 2018, sólo se abrirán 57 mil 516.
“Si bien el ministro instructor modificó la suspensión para que el proceso de revocación de mandato se ejecutara de una manera más eficiente por parte del INE, con el presupuesto ya programado, ello no puede verse traducido en la disminución del número de casillas, ya que ello implicaría la afectación al derecho a la participación política de los ciudadanos”, denuncia la consejería.
El recurso de queja fue recibido por el ministro González Alcántara Carrancá, quien emplazó al INE para que en los próximos 15 días le informe sobre la razón que tuvo para instalar un número de casillas menor al de una consulta popular o una elección normal.
“Precisando los actos que ha llevado a cabo para cumplir con la medida cautelar decretada apercibido que, de no hacerlo, se presumirán ciertos los hechos que se le atribuyen y se le impondrá una multa de 10 a 180 días de salario”, añade el acuerdo enviado al INE.
Este acuerdo fue emitido el 23 de marzo pasado, por lo cual quedará el tiempo justo para que la SCJN analice la respuesta del INE y pueda dar una resolución antes del 10 de abril, día de la consulta.
