La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se sumó a la exigencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que los padres y madres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en 2014, “tengan acceso a la verdad” y con ello logren obtener justicia.

Manifestó que las inconsistencias de la investigación oficial de la administración pasada, que derivó en la llamada “verdad histórica”, y la actuación de las autoridades –incluidas las de la CNDH–, dañaron “de manera sistemática” tanto a los estudiantes como a sus familiares y a la sociedad en su conjunto.

En un pronunciamiento en el que saludó los esfuerzos realizados por el GIEI para coadyuvar a esclarecer los hechos ocurridos en septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, luego de la presentación de su tercer informe sobre este caso, la CNDH consideró que sólo mediante el ejercicio del derecho a la verdad y el acceso a la justicia, las familias “podrán hacer frente a la falta de investigaciones, juzgamientos y sanciones que han enfrentado durante estos años de dolor, desconcierto e indignación”.

Por ello, enfatizó que actualmente trabaja junto con los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa “para exigir a las autoridades competentes una investigación diligente que les garantice el acceso a la verdad y a la justicia”.

Agregó que se mantendrá al tanto de los acontecimientos que surjan a partir de la información proporcionada por el GIEI y, en su momento, emitirá lo que en ejercicio de sus atribuciones corresponda.

El lunes pasado, el GIEI presentó su tercer informe, y reveló, entre otras cosas, que cuando se realizó la primera diligencia –en octubre de 2014– en el basurero de Cocula, donde se encontraron restos de algunos de los normalistas desaparecidos, integrantes de la Secretaría de Marina manipularon la escena, de acuerdo con un video al que los expertos tuvieron acceso.