En el mundo y en México no hay forma de hacer un proyecto minero sin consultar a las comunidades; no solamente es un tema a discusión, es necesario, señaló Tonatiuh Herrera, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Agregó que para que la economía sea sustentable necesita materiales como el litio (utilizado en las baterías de autos eléctricos), que proviene de la minería, actividad que no es sostenible, por lo que debe ser fuertemente regulada.
Sostuvo que debe ponerse especial atención en el manejo de residuos y la consulta a las comunidades, que, de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, debe realizarse cuando hay un acto relevante de la autoridad.
En entrevista, precisó que hay fases relevantes para consultar a las comunidades sobre la minería: una es cuando la Secretaría de Economía otorga una concesión, otra es al presentar la manifestación de impacto ambiental (MIA) y al momento del cierre. La consulta ya es un derecho reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y debe extenderse a las comunidades rurales.
Agregó que el cierre del proyecto también es un acto relevante: “Las minas tienen un ciclo de vida; cuando van creciendo son muy poderosas y tienen mucho personal, y es en esa fase cuando se tiene que garantizar el cierre de actividades mineras”.
Aseveró que no se puede decir que la minería sea sustentable porque por sí sola tiene gran impacto, más aún cuando es a tajo abierto. “Tenemos muchos bienes que provienen de la minería: el hierro, el cobre, litio. Señalan en términos discursivos que para la transición energética se necesita más minería de la que actualmente se tiene”.
Hay quienes ya piden pasar a la minería submarina, pero sobre ésta aún “no conocemos todos los efectos, tan es así que la Unión Europea ha gastado millones de euros en investigación, pero han decidido posponer cualquier tema de explotación. Una cosa es investigar y otra tener claros los efectos”.
En relación con la norma de aguas residuales que el 11 de marzo se publicó en el Diario Oficial de la Federación luego de 25 años sin cambios, señaló que entrará en vigor en un año, porque la Comisión Nacional del Agua debe prepararse para hacer inventario de descargas y la verificación preliminar de cumplimiento de otras normas.