Es de reconocerse que gracias a la voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha podido avanzar en el caso de los 43 hasta terrenos sumamente delicados, que habían estado bajo ilegal protección de mandos del Ejército y la Marina, del pasado y del presente. Como lo dijo el propio Ejecutivo en su conferencia matutina de prensa, si otro político hubiese tenido que tomar estas decisiones de esclarecimiento, probablemente no lo habría hecho.

Pero esclarecer y difundir no es hacer justicia. Puede ser, es, en este expediente, un paso muy importante, pero no será provechoso si no se completa con rigor y a los más altos niveles el sometimiento a la justicia de los mandos civiles y militares involucrados en tales maquinaciones delictivas, tanto del sexenio peñista como del obradorista. La propia mañanera es un ejemplo cotidiano de que la denuncia de escandalosos actos de corrupción puede quedar sólo en eso.

Aunque el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) no precisa con nombres y apellidos a los principales responsables de obstruir el cumplimiento de la ley y construir una fabulación criminal denominada “verdad histórica”, esa plantilla que debería ser llevada ante los jueces está integrada por Enrique Peña Nieto, ocupante de Los Pinos de 2012 a 2018; Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional; Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y Jesús Murillo Karam, procurador General de la República y principal fabricante de la terrible mentira institucional.

Pero no sólo ellos, como parte de un peñismo que parece intocable. También dos personajes del gabinete actual: los titulares de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval (en cuyo historial, como jefe militar regional, están los casos de Piedras Negras y Allende, Coahuila), y Rafael Ojeda Durán, de la Secretaría de Marina, que era jefe de la zona naval de Acapulco cuando sucedió la desaparición de los 43.

A pesar de la orden dada por el Presidente de la República desde 2018 para que el Ejército y la Marina entregaran toda la información de que dispusieran, a fin de avanzar en la búsqueda de verdad y justicia (con una comisión creada ex profeso y en periódicas reuniones con familiares de los 43), los muy empoderados secretarios correspondientes ocultaron datos, diligencias extrajudiciales y videos hasta abril de 2021, por presión del presidente López Obrador. Durante más de dos años, los jefes militares desobedecieron o “dosificaron” la orden del Ejecutivo.

Llama la atención que, al menos en lo dicho ayer por el político tabasqueño, no se adviertan contra Enrique Peña Nieto los tonos flamígeros que suele usar, por ejemplo y con toda razón, contra Felipe Calderón: ya será la fiscalía especializada la que decida si se cita a declarar o se investiga al priísta ex ocupante de Los Pinos.

“¿Sabría Peña lo que sucedía?”, se le preguntó a AMLO, y respondió: “es muy difícil que no se entere el presidente; más, cuando se trata de un asunto delicado”. Pero, añadió: “no estoy culpando a nadie, porque también eso hay que tenerlo muy en cuenta: una cosa es ser culpable y otra cosa es ser responsable, se puede ser responsable, pero no culpable, y pueden ser las dos cosas, responsable y culpable; pero eso es lo que puedo decir”.

“¿También el almirante Ojeda?” podría ser investigado, se le preguntó al Presidente, y contestó: “No, porque, pues él no tiene ningún involucramiento en este asunto (...), los malquerientes a nosotros quieren forzar, porque el almirante Ojeda estaba de jefe de zona naval en Acapulco”.

Resultan impropios el buen tratamiento declarativo a Peña Nieto y la temprana exoneración virtual del almirante Ojeda (como en su momento lo fue el esfuerzo oficial para “salvar” al general Cienfuegos). Por cierto, y para cerrar: es absolutamente falso que la fallida consulta sobre enjuiciamiento a ex presidentes imponga no actuar contra Peña Nieto; esa facultad estuvo y está vigente, con consulta y sin ella. ¡Hasta mañana!

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