Tal vez la respuesta a muchas de las interrogantes sobre la 4T sea la reforma del Estado. La idea, porque espanta, seguramente no se pronuncia en un lado ni del otro, pero la reforma política propuesta por el presidente López Obrador, que devuelve a los ciudadanos su derecho a decidir mediante el voto, bien se podría inscribir en una acción de ese calado.

Además de los cambios en el renglón económico, ya en proceso, los del orden político dan idea de la transformación y esto porque una reforma de este tamaño siempre será un proceso provocado por el propio Estado para enfrentar las constantes alteraciones que en esos ámbitos, así como en lo social, se suceden. La transformación que el país requiere resulta urgente.

No se necesita mucho análisis para darnos cuenta de que si algo le fue inculcado a la población fue su derecho a elegir mediante el voto. A fin de cuentas, el destino del sufragio quedaba en manos de los jueces electorales. No se trataba de impedir que decidieran en una boleta su gusto por alguna opción política, sino de no tomarla en cuenta.

Entonces, era cosa de montar una farsa elocuente y de poner al ciudadano en la mesa del mercado. Su voto, en caso de que no fuera contaminado con inyecciones propagandísticas de muy alto costo económico, siempre se podría comprar; si nada de eso funcionaba, los juzgadores electorales, no electos, pero con un poder por encima de la representación popular, podrían argumentar el triunfo de sus contlapaches.

En la ruta de la simulación se crearon los organismos de vigilancia electoral. Su historia se escribe con las más sucias jugarretas, pero se les construyó un nicho desde el cual, aun sin tener el mandato de la gente, decidieron el rumbo del país sin que nadie atajara sus villanías.

Hoy, por fin se ha puesto fecha de caducidad a este remanente del periodo neoliberal que se niega a entender que la democracia es la sociedad de los ciudadanos y que sólo al ejercer sus derechos en plenitud es cuando se puede vivir en paz, como insistía Bobbio.

Por eso, en una sociedad democrática, ninguna instancia podría estar por encima de aquellas a las que el ciudadano ha escogido para que lo representen, aunque en nuestro país al INE y al TEPJF se les otorgaron funciones que van por encima de diputados y senadores. Debido a eso es que los funcionarios no elegidos han tirado a la basura los acuerdos que se toman desde la instancia de los votados, ese y otros horrores legales que están en la vida de los organismos electorales debe terminar ya.

Devolver al ciudadano esa garantía es un acto que dará explicación a la 4T o a la reforma de Estado que parece estar en progreso. También debe quedar claro que la transformación no sólo es lo descrito. Hay aún fardos muy pesados que soporta el Estado mexicano y que anquilosan las patas del elefante. Ya hablaremos de eso.

De pasadita

No hay como calificar ciertas acciones del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, aunque si las colocamos en el estante de lo criminal, no exageramos.

Aunque el tema da para mucho y también lo abordaremos a profundidad en otra ocasión, hoy lanzamos el aviso de cómo se diagnostica sin ninguna responsabilidad, con datos extraídos de análisis clínicos y falsas enfermedades en gente afectada con otros problemas de salud.

La situación implica que los medicamentos que atacan, por ejemplo, una enfermedad de las llamadas autoinmunes, sean suspendidos y eso lleva al agravamiento del mal.

Muchas veces el enfermo busca una segunda opinión, en otras no tiene recursos para hacerse un análisis en laboratorios privados y la falsa enfermedad por la que el IMSS ya no da medicamentos, se convierte en una mentira de muerte con el sello del Seguro Social.