San Salvador. Después de alrededor de 13 años en prisión, Maritza recuperó ayer su libertad por conmutación de la pena. Ella es una de las mujeres que sufrieron un parto extrahospitalario y la justicia de El Salvador condenó a 30 años de prisión por homicidio agravado.

Desde diciembre pasado el gobierno salvadoreño ha tomado la decisión de conmutar la condena a seis mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y que fueron capturadas y procesadas por aborto cuando acudieron a los hospitales públicos en busca de ayuda. “Me siento muy feliz por mi libertad, porque no me lo esperaba”, expresó la mujer en un video cuando fue recibida por miembros de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto que lucharon por su liberación. “Quiero que sigan ayudándole a las demás compañeras que aún quedan, están en los penales”, agregó.

Los abogados de la agrupación explicaron que en el juicio contra Maritza uno de los tres jueces del tribunal razonó su voto de absolución y concluyó que “no se han dado, dentro de la vista pública, los elementos necesarios para poder concluir la verdad de los hechos, lo cual es la base de la argumentación razonada de culpabilidad”.

Durante el tiempo que Maritza estuvo en la cárcel tuvo un hijo que después de cinco años fue separado de ella, quedando bajo la custodia de la abuela paterna.

“Su libertad llena nuestro corazón de alegría porque después de muchos años se hace justicia”, dijo Morena Herrera, que dirige el colectivo feminista. En las últimas dos décadas, alrededor de 181 mujeres que han experimentado emergencias obstétricas han sido perseguidas penalmente en El Salvador. Desde 2009, con la lucha del colectivo feminista 62 han sido liberadas.

En diciembre se impulsó la campaña Nos Faltan las 17, que tiene como finalidad crear conciencia sobre el trato injusto que reciben las mujeres que sufren complicaciones en el embarazo en El Salvador.

Responsabilizan al Estado

En noviembre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró responsable al Estado salvadoreño por violar los derechos de una mujer identificada como “Manuela”, quien fue detenida en 2008 luego de ser acusada de provocarse un aborto. La mujer murió en 2010 mientras cumplía condena de 30 años, dejando huérfanos a sus dos hijos.