Es un hecho que, en su resistencia histórica, los pueblos indígenas se movilizan, unos para promover y fortalecer su organización autonómica en defensa de sus territorios, sin confiarse en que del Poder Ejecutivo en turno emanará la protección a los mismos. Otros, sin embargo, buscan el mismo objetivo y acuden ante el Presidente de la República o a su gabinete planteando la modalidad que el actual ha iniciado el llamado plan de justicia, del cual habría que destacar que, al margen de sus resultados y las fallas de origen en cuanto a consulta y legitimación de actores, constituyen un salto a la dinámica de los apoyos individualizados a indígenas y de manera inevitable están entrando al terreno de los recursos naturales y la dimensión colectiva de los derechos implicados.
Justamente en estos días tenemos ejemplos de ambas posturas sin que nos corresponda calificarlas, pues en todo caso son estrategias diferenciadas y no entraremos a la narrativa oficial actual en torno a los llamados “seudos”. Ya las evidencias de resultados les llevarán a sus respectivas reflexiones y evaluaciones.
En el primer caso está la “Caravana por el agua y por la vida: pueblos unidos contra el despojo capitalista” iniciada el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, y terminará el próximo 24 de abril en la comunidad de Cuentepec, Morelos. La marcha comenzó desde afuera de la casa de los pueblos Altepelmacalli, antigua planta de Bonafont en Puebla, municipio de Juan C. Bonilla, tomada hace un año por Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y los Volcanes, hoy en poder de la Guardia Nacional y la policía estatal.
Los motivos de la caravana son muy claros igual que su muy explícito nexo con el Congreso Nacional Indígena y la travesía por la vida efectuada el año pasado con el EZLN: “Los pueblos, organizaciones y colectivos de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Ciudad de México, estado de México, Morelos, Oaxaca, Guerrero y Querétaro hacemos sonar de nuevo nuestros cauces de rebeldía y llamamos a los pueblos, naciones y tribus indígenas de México y el mundo, así como a las organizaciones y colectivos aliados a sumarse a ésta. Durante 34 días la caravana visibilizará las luchas de estos nueve estados de México, así como de territorios en el resto del país, en Europa, África, Asia, Sudamérica y Norteamérica y a su paso se irán trazando caminos de organización para resistir en conjunto los embates de este sistema capitalista y sus estados protectores. Pero, sobre todo, se hará eco a la voz de los pueblos que han decidido ya su destino a través de sus leyes, pronunciamientos, decretos y acuerdos propios que los malos gobiernos han despreciado e ignorado. Es decir, la Caravana por el agua y la vida tiene por objetivo hacer valer la ley de los pueblos” (comunicado 11/3/22). Presentaron su calendario de 38 actividades. Todas en espacios que tienen enclaves organizativos. El 10 de abril se movilizarán en la Ciudad de México por el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Justo el día de la jornada electoral nacional sobre la ratificación, perdón, la revocación, del actual Presidente.
La segunda estrategia, la de los Planes de Justicia iniciada desde el Poder Ejecutivo, primero con la tribu yaqui en septiembre pasado y su agenda está en curso no sin problemas. Siguiendo esa ruta, la semana anterior, el 23 de marzo, el Consejo Regional Wixárika y el Comité por la Defensa del Agua y la Tierra de Catorce, fueron recibidos en Palacio Nacional por el Presidente de la República y le solicitaron un acuerdo sobre proyectos de regeneración ambiental para San Luis Potosí y para proteger los sitios sagrados, lo cual fue aceptado; recordando su paso como director del Centro Coordinador Indigenista Chontal en Nacajuca, Tabasco, de 1977 a 1982, ofreció acudir al sitio que le indiquen, acompañado de todo el gabinete de su gobierno, para firmar compromisos de justicia para las comunidades . De paso, el Presidente ofreció que su gobierno elaborará un proyecto de desarrollo para los grupos (sic) indígenas de Jalisco, Zacatecas, Durango, Nayarit y San Luis Potosí, con base en las peticiones de las comunidades, sin imposición gubernamental, incluida la protección y restauración de Wirikuta, lugar sagrado. Un día después, la Caravana Nacional Purépecha mantuvo mesas de trabajo con funcionarios del gobierno federal y solicitó un plan de justicia para los pueblos de Michoacán sobre defensa y cuidado de los bosques; el respeto a los procesos de autonomía de las comunidades; organizar mesas de trabajo para restituir territorios indígenas y resarcir la demanda histórica con los pueblos originarios. En el camino están los megaproyectos en curso que, como el Tren Maya, es un auténtico plan de injusticia, prioritario de interés público y sin visos de rectificación.
