Fue unánime el rechazo de los ministros de la Corte a las promociones penales que, primero como particular, y luego como titular de la Fiscalía General de la República, enderezó Alejandro Gertz Manero contra su ex cuñada y la hija de ésta.

La liberación inmediata de Alejandra Cuevas, y la cancelación de la orden de aprehensión contra su madre, Laura Morán, imprimen un estigma en quien a nombre de la sociedad debe procurar justicia. No es una derrota judicial simple, explicable como producto del legítimo ejercicio del derecho de acudir a tribunales y recibir una resolución positiva o negativa: es la derrota en forma de un estilo arbitrario de usar el poder público, de buscar la confabulación de servidores públicos para torcer la ley, de traficar con influencias.

Por su historia profesional y administrativa, por sus antecedentes, Gertz Manero nunca debió recibir el delicado encargo de ser el primer fiscal “autónomo” de la nación. Su paso por la FGR ha sido marcado por escándalos como la toma armada de la Universidad de Las Américas Puebla, la concesión artificiosa de un lugar al más alto nivel del Sistema Nacional de Investigadores y la presión y represión en el caso de Cuevas y Morán.

La celeridad en la gestión de los asuntos en los que ha tenido interés personal ha contrastado con la lentitud en cuanto a los de interés público, a tal grado que algún columnista descarriado popularizó el mote de TortuGertz para referirse al pachorrudo fiscal.

La decisión de la Corte afecta seriamente a Gertz, pero también a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos. Ambos funcionarios deberían solicitar licencia a sus cargos para someterse a investigaciones que obviamente no condujeran ellos ni las estructuras bajo su mando. El abogado Gabriel Regino dijo ayer en entrevista de internet (https://bit.ly/3LoiJ3u) que el Senado debería asumir tales indagaciones y una comisión del Congreso de la Ciudad de México las propias.

En tanto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rindió su tercer informe con una serie de señalamientos que no sólo sepultan definitivamente la llamada “verdad histórica”, postulada por el nefasto y punible Jesús Murillo Karam, procurador general de la República con Enrique Peña Nieto, sino que, por la gravedad de las imputaciones de virtual conspiración desde el poder para simular y engañar en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, abre la puerta a la consignación judicial (si es que hubiera voluntad política en Palacio Nacional) de estos personajes de primer nivel por la comisión de delitos de lesa humanidad, imprescriptibles.

Resulta conmocionante la enumeración de actos realizados por el peñismo para ocultar la verdad de los hechos y tratar de imponer la versión del basurero de Cocula y el río San Juan como destino final de una operación que se pretendió endilgar a policías de a pie, funcionarios menores y delincuentes de cárteles regionales, cuando en esas maniobras, cuando menos las de simulación institucional, convergieron mandos militares, marinos y políticos. A la luz de estas revelaciones del GIEI, ¿habrá solicitud de acción penal contra el paseador en Europa, Enrique Peña Nieto, y el tejedor directo de las infamias, Murillo Karam?

Y, mientras la revista estadunidense Vice News ha publicado una nota de David Noriega que señala: “Un grupo de ciudadanos rusos que huyeron de su país después de la invasión de Ucrania y pasaron una semana acampados en la frontera entre Estados Unidos y México fueron admitidos silenciosamente en Estados Unidos en un acuerdo secreto con funcionarios mexicanos” (https://bit.ly/3LnQrWC), ¡hasta mañana, con cuando menos veinte personas asesinadas en un palenque clandestino en una población de Michoacán y con un episodio confuso en una terminal aérea de Cancún, donde un ruido, según las autoridades, provocó la salida de personas al creer que eran disparos de armas de fuego!

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