El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó ayer su tercer informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, cuya principal conclusión es que la llamada “verdad histórica” es una falsedad construida por funcionarios de la policía estatal de Guerrero, el Ejército, la Secretaría de Marina (Semar), las extintas Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal y Agencia de Investigación Criminal, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), entre otras dependencias, a fin de dar por cerrado el caso e impedir “que los estudiantes fueran realmente buscados y, en lo posible, encontrados”.
Para los investigadores respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “la coordinación de todas estas instituciones no podía ocurrir sin la dirección de una autoridad superior” a la cual se debe investigar “si se quiere tener claridad de cómo y por qué se llevó a cabo toda esta operación”, así como sobre “los hechos, las circunstancias de la desaparición y el paradero de los normalistas desaparecidos”.
Uno de los nuevos hallazgos dados a conocer por el GIEI es el presunto involucramiento de la Marina en la fabricación de las pruebas que habilitaron a la PGR de Jesús Murillo Karam a urdir la historia de la incineración en el basurero de Cocula. En un video entregado por la propia Semar se aprecia a “elementos de la Marina manipulando bultos que bajaron de dos camionetas” a las 6 de la mañana del 27 de octubre de 2014, seis horas antes de que arribaran al sitio los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), designados coadyuvantes por los familiares de los jóvenes.
Los expertos resaltan que la información de las Fuerzas Armadas se pudo obtener “tras la intervención directa del presidente Andrés Manuel López Obrador”, pero también mencionan que todavía encuentran resistencia de diversas instancias para poner a su disposición los materiales con los que cuentan. Estas inercias son de especial preocupación en lo que respecta a las instituciones militares, pues, como expusieron los expertos, hoy se sabe que desde 2010 el Ejército hacía un seguimiento de todas las actividades de los normalistas e incluso tenía dos informantes infiltrados entre los estudiantes, por lo que conocía todos sus desplazamientos desde antes y durante los hechos que llevaron a la desaparición, un seguimiento que también habrían realizado el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) así como las policías Federal y estatal. La nueva documentación muestra que se abrieron expedientes disciplinarios al interior del Ejército por la presencia no reportada de algunos de sus elementos en barandillas de la policía municipal de Iguala en la noche del 26 de septiembre de 2014.
Un hecho ya conocido, pero que ahora se ve reforzado con nuevos datos, es el uso sistemático de la tortura en contra de las personas detenidas en relación con el caso durante la pasada administración federal. De acuerdo con videos de instalaciones de la Semar y la Seido, hubo un “trato degradante y violatorio de derechos humanos”, y en al menos 17 casos existen fuertes indicios de tortura. Ésta, sostiene el GIEI, “supuso la imposibilidad de conocer qué podría ser cierto o no”, por lo que constituye “un ataque a la consistencia y legitimidad de la investigación”. Se afirma que “la tortura no sólo operó como un factor de distorsión de la verdad y luego de impunidad en el caso, sino que supuso un obstáculo para la fase posterior de la investigación”.
En suma, se puede afirmar que la indagatoria original del caso más emblemático de violaciones a los derechos humanos en los años recientes en nuestro país se construyó mediante diligencias alteradas, procesos falsos contra funcionarios, testimonios conseguidos mediante tortura, reportes policiacos adulterados o fabricados a posteriori y “un conjunto de elementos para simular una investigación”. Si está claro el tamaño del operativo de distorsión y encubrimiento bautizado como “verdad histórica”, ahora es urgente que las autoridades conduzcan pesquisas auténticas hasta llegar al fondo del asunto y esclarecer de una vez por todas este doloroso episodio. Cabe esperar que el reporte anunciado por el Presidente sea un paso en esta dirección.
