El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reactivó el año pasado créditos fiscales por 274 mil 235 millones de pesos. Su titular Raquel Buenrostro había advertido que derivado de actos de corrupción entre funcionarios públicos coludidos con despachos contables y legales, diversos adeudos se habían cancelado de manera “irregular e indebida” en administraciones pasadas.

Como resultado de las reactivaciones de adeudos, nuevas altas y descontados los pagos que ya entraron al SAT y las obligaciones canceladas, al cierre del año pasado había un billón 446 mil 668 millones de pesos que el fisco tiene derecho a percibir, y que están congelados bajo la figura de créditos fiscales, prácticamente una quinta parte del gasto público en un año.

En octubre pasado, durante una reunión con legisladores, Raquel Buenrostro narró que derivado de tratos de corrupción entre funcionarios públicos y representantes de despachos contables y jurídicos, diversos adeudos se dieron de baja sin el sustento para ello; patrón que al ser identificado llevó a la revisión de sistemas y reactivación de créditos fiscales.

Un crédito fiscal es el ingreso que tiene derecho a percibir el Estado por contribuciones, aprovechamientos o de sus accesorios. De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del SAT, en los pasados dos años, 2020 y 2021, las reactivaciones de créditos fiscales suman 417 mil 791 millones de pesos.

Los informes exhiben que también se dieron de baja créditos por 395 mil 886 millones de pesos, algunos de ellos por una resolución judicial –es decir que el pago se estaba litigando y ganó el contribuyente –, otros más porque no era costeable recuperar el adeudo, entre otras causas que no detalla el SAT.

Adeudos pendientes

Al tiempo también se dieron de alta créditos fiscales –figura bajo la que se agrupan los adeudos pendientes, entre ellos algunos en litigio– por 338 mil 526 millones de pesos durante 2020 y para el año pasado se incorporaron 454 mil 400 millones más.

En su informe, el organismo destaca que derivado de las diferentes tareas de fiscalización y programas de regularización de los contribuyentes que no cumplieron con sus obligaciones fiscales de manera oportuna, así como la cobranza coactiva, se obtuvieron 14.7 por ciento de los ingresos públicos durante el año pasado.

“En 2021, los esfuerzos adicionales de recaudación alcanzaron un monto de 524 mil 426 millones de pesos. En términos reales esta cifra es prácticamente la misma alcanzada en 2020 y casi 245 mil millones de pesos más que el último año de la administración anterior, superior en 65.5 por ciento”, resume el SAT.

Reporta que por cada peso que se invierte en tareas de fiscalización (en general auditorías), el año pasado recuperaron 123.5 pesos, por arriba de los 54.8 en que se encontró este indicador en 2018.