Pakistán ha sido forzado por el Banco Mundial y Barrick Gold a otorgar un permiso minero en contra de su voluntad soberana. ¡Alerta México! En 2019, un tribunal (léase tres jueces privados a puertas cerradas) del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial ordenó a Pakistán a “compensar” a la minera australiana Tethyan Copper Company –subsidiara de la gigante canadiense Barrick Gold– con 6 mil millones de dólares (mdd). Esa cantidad astronómica pondría al país asiático en bancarrota. El fallo del CIADI resolvió que Pakistán incumplió las reglas de su Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Australia y no le dio a Tethyan un “trato justo y equitativo”. Asimismo, la negativa de otorgar licencia para el proyecto de oro y cobre Reko Diq constituía una “expropiación indirecta”. El permiso de explotación minera había sido declarado nulo por la Corte Suprema de Pakistán al violar las leyes de contratos y de minería del país. Ante esto, el CIADI decidió de manera especulativa que las ganancias esperadas de Tethyan debían ser compensadas por el erario público pakistaní. El monto era inmensamente mayor (unas 40 veces) que la inversión original de la empresa minera, de sólo 150 mdd (https://bit.ly/36KwmLe).
Pakistán hizo todo lo posible por lograr una anulación del fallo, debido a que 6 mil mdd representaban alrededor de 2 por ciento de su PIB o 40 por ciento de sus reservas de divisas extranjeras líquidas. En su defensa, instó a que tribunales internacionales consideraran los impactos de sus decisiones en los esfuerzos por aliviar la pobreza. Pero la Corte de Distrito de Estados Unidos, encargada de hacer cumplir el fallo del CIADI, determinó que Pakistán se “estaba haciendo ilusiones” (una traducción figurativa de “ wishful thinking”) de una anulación.
Lo más injusto es que el fallo contra Pakistán se dio inmediatamente después de la aprobación de un préstamo del FMI por 6 mmd –es decir, la misma cantidad del fallo del CIADI–. Además, las condiciones obligaron al gobierno de Imran Khan a imponer fuertes medidas de austeridad en el gasto público. A Pakistán no le quedó, para su subsistencia financiera, más que ceder ante semejante ataque concertado por instituciones financieras y cortes internacionales, y la segunda minera de oro más grande del mundo. El pasado 20 de marzo, Barrick Gold anunció (https://bit.ly/3iurT21) que había llegado a un “arreglo” con Pakistán y que el proyecto minero Reki Diq, en la provincia de Beluchistán, sería reconstituido. ¡Qué mejor ejemplo del efecto congelador ( chilling effect) que los tratados internacionales de inversión tienen hacia políticas y regulaciones responsables con el interés público y el medio ambiente!
México debe poner especial atención a este caso por la demanda en su contra de la minera estadunidense Odyssey Marine Exploration. La cantidad exigida también es astronómica (3 mil 540 mdd). La demanda fue interpuesta ante el CIADI en 2019, bajo el TLCAN, por la negación de licencia para la extracción de fosfato (usado para fertilizantes) de los subsuelos marinos del golfo de Ulloa, en Baja California Sur. La licencia fue denegada por la férrea oposición de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera de Puerto Chale, cuya subsistencia depende de los espacios marinos en los que Odyssey pretende dragar.
Como señala el reciente reporte “Un mar de problemas: La explotación minera de los fondos marinos y el arbitraje internacional en México”, de Jen Moore del IPS y Ellen Moore de Earthworks (https://bit.ly/3qBjFJX), además de la afectación a la pesca, en esas aguas “abunda la vida marina, desde ballenas grises hasta langostas”. Este reporte describe (como comenté en el artículo “De costa a costa, enfrentando a mineras”, La Jornada 14/2/22) cómo la cooperativa y el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) presentaron al tribunal del CIADI un amicus curiae con sus preocupaciones y testimonios acerca de potenciales impactos ambientales y afectaciones a medios de vida del proyecto de Odyssey. También se demostró que la decisión de Semarnat de no otorgarle permiso de explotación fue conforme al principio de precaución reconocido en el derecho nacional e internacional.
Pero ¡el tribunal del CIADI rechazó el amicus curiae! (https://bit.ly/3umy8dL). Según el reporte del IPS y Earthworks –como ha sido recurrente en este sistema de arbitraje diseñado para favorecer a las empresas trasnacionales–, el tribunal se negó a recibir su solicitud. “La mayoría del panel, formado por abogados proempresas muy bien pagados, afirma en esencia que la contribución de la cooperativa no es relevante”. Sin embargo, “uno de los tres árbitros expresó una opinión disidente, argumentando que no sólo se debería escuchar a la cooperativa, sino que el hecho de no admitir sus preocupaciones pone en evidencia las deficiencias del sistema de arbitraje, con impactos potencialmente de gran alcance en las políticas de protección del medio ambiente en México”.
Volvamos a Pakistán, país que firmó con Alemania el primer tratado bilateral de inversión (TBI) en el mundo en 1959. El primer ministro Khan, después del atentado de Barrick Gold y el Banco Mundial, dio vuelta al timón y derogó 23 TBI para que futuras disputas con empresas extranjeras se solucionen con el arbitraje local. Esto también brindaría al Estado el espacio necesario para el despliegue de políticas económicas del interés público (https://bit.ly/3JT80xm). Un buen ejemplo a seguir para los propósitos de la 4T de recobrar la soberanía nacional y poner fin al neoliberalismo.
* Investigador del Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org)
Twitter: @ManuelPerezIPS
