Presionada por la falta de acuerdos, la Cámara de Diputados tiene hasta abril para cumplir nueve mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que la obligan a legislar en materias como suspensión de garantías en caso de emergencias nacionales, atorada desde hace nueve años.
Entre los temas en la congeladora legislativa, y que podrían quedar sin cumplir, están objeción de conciencia en materia de salud, la ley de comunicación social, el uso de la fuerza y salarios máximos de los funcionarios.
La Secretaría General de la cámara presentó a la Junta de Coordinación Política un texto con las prioridades legislativas a cumplir por mandato judicial. De los 15 asuntos solventados por los ministros, los diputados sólo han resuelto cuatro.
Una es la Ley Federal de Revocación de Mandato Presidencial; los otros tres, que fueron enviados al Senado y están ahí sin resolver, son la ley federal para la regulación del consumo de mariguana, en materia de odio racial y la ley de consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
A más tardar el 14 de abril, la cámara debe resolver un mandato de la Corte de aprobar un código de ética y derechos de las audiencias de concesionarios de radio y televisión.
Y, a más tardar el 30 de abril –fecha en que concluye el periodo ordinario–, modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en materia de justicia cotidiana; la ley general de comunicación social, a la que ya se había autorizado una prórroga para su aprobación; y cambios a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Asimismo, resolver sobre la pensión por viudez a concubinas de integrantes de las fuerzas armadas, además de ajustes a la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia de suspensión de garantías, para atender un juicio de amparo que se otorgó en Oaxaca.
La Corte también reconvino a la cámara por la omisión legislativa en la que ha incurrido al no expedir una nueva ley general de aguas.
Además, a más tardar el 30 de septiembre, debe aprobar cambios a la Ley General de Educación, a partir de una acción de inconstitucionalidad que se interpuso en el rubro de educación indígena e inclusiva.
En el caso de los cambios al artículo 10 bis de la Ley General de Salud, el exhorto de la Corte no incluyó una fecha límite. En relación con la reforma para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y no los concesionarios de radio y televisión, regule los derechos de las audiencias, y las empresas distingan entre información y opinión, la cámara tendrá 60 días para legislar a partir de que sea notificada.
