Ados semanas de que se realice el ejercicio de revocación de mandato, los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador siguen sin encontrar una salida política decorosa a su incapacidad de organizar y darle cauce constitucional en urnas a la presunta inconformidad ciudadana con el actual habitante de Palacio Nacional.

La postura evasiva –una auténtica coartada– que han definido PAN, PRI y PRD, más empresarios y membretes coaligados, consiste en llamar a no votar el próximo 10 de junio, para propiciar así que el Presidente de la República cumpla a plenitud con su mandato casi sexenal (cinco años y diez meses de ejercicio) y, entonces, ¡poder fincarle responsabilidades por todo el periodo y no sólo por el que habría sido acotado por el ejercicio revocatorio! Como diría José Antonio Meade, candidato presidencial derrotado en 2018: “¡N’ombre: son unos genios!”.

El ejercicio revocatorio cuenta con todo el aval institucional para su realización. Los poderes concurrentes han dado su aprobación: Legislativo, Judicial, Ejecutivo y, entre litigios pero con aceptación de las resoluciones judiciales, el electoral. Una contienda original, la del presupuesto, ha sido resuelta por la Corte y asumida por el INE). Está pendiente el tema del decreto de “interpretación legislativa” sobre declaraciones en el tema de servidores públicos y legisladores (lo cual será resuelto por el tribunal electoral federal).

El laberinto del que no pueden salir tales opositores reside en el hecho de que están rechazando una vía constitucional legítima para botar del poder a un presidente que consideran nocivo para el país. Prefieren, dicen, esperar a 2024, como en la fábula del zorro que, al no alcanzar las uvas que deseaba comer, consideró que, en realidad, estaban muy verdes.

Frena, el organismo de oposición no partidista que dirige Gilberto Lozano, es el único que mantiene la postura de ir a votar, acusando a los demás adversarios políticos de AMLO de hacerle el juego o carecer de valor cívico.

Luego que pase el citado revocatorio, cuyo resultado apunta a ser totalmente favorable a la continuidad de López Obrador, esos opositores se enfrentarán al justificado señalamiento de haber desdeñado la oportunidad de organizar el supuesto rechazo fuerte a ese gobernante, para quitarlo del poder mediante una vía constitucional.

A propósito: es tan poca la relevancia actual del Partido Revolucionario Institucional, que poca atención mereció la virtual declaratoria de guerra política que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, soltó contra el multicitado ejercicio de revocación de mandato y específicamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Riquelme, continuidad del cacicazgo de la familia Moreira en la entidad (aunque Humberto y Rubén estén distanciados), habló en presencia del dirigente nacional del partido tricolor, Alejandro Moreno, quien asintió el envío de metralla política contra Palacio Nacional. En otras circunstancias, habría sido una bomba política que un gobernador estatal hiciera declaraciones de tal calibre y el máximo líder priísta las avalara.

Hizo Riquelme un llamado a los priístas coahuilenses: “No participemos en la farsa que se proponen montar el próximo 10 de abril (...) El cargo que nos otorga la democracia no es una investidura para cumplir caprichos personales, arbitrariedades y ocurrencias en perjuicio del pueblo”.

El endurecimiento discursivo tiene como contexto la pretensión priísta de canjear votos en las cámaras federales a favor de la reforma eléctrica por la gubernatura de Hidalgo, donde se busca que quede Carolina Viggiano, esposa de Rubén Moreira, coordinador de los diputados federales priístas y, desde luego, por la propia gubernatura de Coahuila, enclaves priístas imbatidos hasta ahora.

Riquelme juega al policía malo, con el respaldo de Alejandro Moreno, aunque éste, el citado Moreira y José Murat (la triple eme, el verdadero mando trinitario del PRI) juegan al policía bueno, el negociador. ¡Hasta mañana!

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