San Salvador., El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó ayer, con aval del Parlamento, un régimen de excepción, que restringe las libertades civiles y amplia los poderes de la policía, cuando el país enfrenta un auge de la violencia pandillera con el saldo más reciente de 76 homicidios en dos días.

Provistos de fusiles de asalto y chalecos antibalas, oficiales y soldados patrullaban las calles, mientras continuaba la detención de cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) acusadas de ordenar los crímenes.

Al citar “las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales”, el decreto, previamente aprobado a pedido de Bukele por 67 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa (oficialista), declara por un mes un “régimen de excepción” en todo el territorio.

En consecuencia, queda restringida la libre asociación y reunión, se faculta a la autoridad a abrir la correspondencia e intervenir las comunicaciones telefónicas o de correo electrónico sin orden judicial. También excluye los derechos a ser informado del motivo de un arresto y el de contar con abogado desde la captura; habilita extender el plazo de la detención administrativa más allá de 72 horas.

“Para la mayoría de personas la vida continúa normal”, aunque habrá “cierres focalizados y temporales” en algunas zonas, tuiteó Bukele luego de la aprobación legislativa.

Los servicios religiosos, eventos deportivos y el comercio se pueden realizar en forma normal, “a menos que usted sea pandillero o las autoridades lo consideren sospechoso”, indicó.

El mandatario ordenó, además, decretar “emergencia máxima” en todas las cárceles, donde permanecen más de 17 mil de los 70 mil miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, que radican en El Salvador.

“Todas las celdas cerradas 24/7, nadie sale ni al patio”, tuiteó el gobernante. “Mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus “homeboys (compañeros presos) no podrán ni ver un rayo de sol”.

Bukele, un milenial de 40 años que goza de amplio apoyo popular desde que llegó al poder en junio de 2019, hizo de la seguridad un eje de su campaña y destacó al comienzo de su gestión una disminución en los indicadores sobre homicidios dolosos; no obstante, en diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos funcionarios de su gobierno por presuntamente haber negociado con pandillas para que apoyen al partido de Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas de 2021.

El jefe del Ejecutivo federal manifestó que las acusaciones eran una “mentira”.

El diputado opositor de la ex guerrilla izquierdista Frente Farabundo Martí, Jaime Guevara, consideró que “la crisis actual requiere de sensatez, sabiduría y no de matonería” y llamó al “respeto irrestricto de los derechos individuales” de la población.

Ricardo Martínez, procurador adjunto para la Defensa de los Derechos Humanos, llamó al gobierno a “prevenir e investigar todos los hechos de violencia y aplicar todo el peso de la ley, respetando el principio de inocencia y el debido proceso”. Las pandillas operan en El Salvador en la comisión de homicidios pagados o a conveniencia de sus intereses, extorsiones y tráfico de drogas.

En noviembre, el país sufrió un repunte de homicidios, que en tres días cobró la vida de 45 personas; sin embargo, cerró 2021 con la tasa más baja de asesinatos dolosos desde el fin de la guerra civil en 1992, con 18 muertes por cada 100 mil habitantes. El total de homicidios, mil 140, también representó una reducción frente a 2020.