El ex gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez pidió su reincorporación al Senado de la República con fecha de 25 de marzo, luego de que no se concretó su inclusión en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y en medio de una relación tirante con la mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila, a quien todos los días en sus medios de comunicación acusa de propanista.
Su encargo como Ejecutivo estatal terminó el último día de octubre del año pasado, y no regresó a la cámara alta porque recibió varios ofrecimientos de López Obrador para incorporarse al gabinete. Su respuesta pública fue que tomaría unos días de descanso y lo iba a pensar. Pero el destino lo alcanzó.
En enero, cuando su posición en la Ciudad de México estaba por definirse, asesinaron a la periodista Lourdes Maldonado y se desató en redes sociales una campaña que lo ligó a ese hecho.
Una semana antes de su homicidio, Maldonado hizo una transmisión en vivo desde Facebook, en la que señaló que ganó un juicio laboral a Bonilla Valdez y que sus abogados estaban “embargando” el Primer Sistema de Noticias (PSN), la televisora cabeza del grupo de medios del ex mandatario morenista. Y el camino al gabinete se frustró.
El viernes pasado, paralelamente a que circuló en redes la carta de Bonilla anunciando su regreso a la cámara alta, Gerardo Novelo Osuna, su suplente, confirmó que a partir del 28 de marzo dejará de fungir como senador de la República, debido a que el titular regresaría.
Bonilla vuelve para hacer política desde el Senado en medio de una fuerte disputa con su sucesora, Marina del Pilar Ávila, a quien ataca todos los días desde los medios de comunicación de su propiedad; el matrimonio con el ex diputado local panista Carlos Torres y su gravitación en las decisiones de gobierno están siempre en el centro de la descalificación.
El insulto constante a la mandataria tuvo como respuesta una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra un grupo de funcionarios bonillistas que autorizaron un contrato de compra de energía “lesivo para las arcas públicas” con la regiomontana Next Energy, condicionado a la construcción de una planta fotovoltaica que no consiguió los permisos federales para instalarse.
