La subida de la tasa de interés de referencia que decidió la Junta de Gobierno del Banco de México el pasado 24 de marzo no sorprende. Al contrario, reafirma que las condiciones económicas que inciden en la inflación siguen ejerciendo una presión alcista. El anuncio de política monetaria dice en la jerga de la banca central: “El balance de riesgos respecto a la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico se ha deteriorado y se mantiene sesgado al alza”.
El 21 de marzo Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, declaró enfáticamente que el empuje de la inflación requiere una intervención expedita para subir las tasas, incluso de modo agresivo, para contener el alza de los precios.
En ese caso, el diagnóstico de la situación contiene aspectos muy distintos de los que tiene en México. Allá se argumenta que el mercado de trabajo es muy fuerte, o sea, con un nivel de desempleo bajo, que suele relacionarse, precisamente, con una presión de la demanda que hace subir los precios.
Esta condición se deriva en parte de las políticas de gestión económica aplicada durante la pandemia, cuando el gobierno extendió el gasto social que sostuvo el consumo de las familias. En la medida en que la pandemia iba cediendo se registró una demanda de trabajo insatisfecha por parte de las empresas; no encontraban suficientes trabajadores para llenar los puestos disponibles. Al retirarse las ayudas los empleados han vuelto al mercado de trabajo. Aunado a eso están las fuentes inflacionarias derivadas de las fuentes de abasto y de la guerra en Ucrania, como los mayores precios de los energéticos.
Ante esto, Powell afirmó que hay una necesidad, obvia la considera, de regresar a una postura que se denomina como “neutra”, o sea, una política de tasas que no estimule ni restrinja el crecimiento de la actividad económica. Cosa difícil de alcanzar y más de sostener, especialmente en este periodo de impulso inflacionario proveniente de muy diversas causas que operan al mismo tiempo y la misma dirección. En torno a eso hoy se debate extensamente en ese país.
Aquí la situación es muy distinta. El empleo formal ha crecido, según las cifras de asegurados del IMSS. La cantidad es una cosa, relevante ciertamente, pero el nivel se asocia con el tipo de empleo y especialmente el monto de las remuneraciones. El otro elemento es la persistencia de una muy extendida informalidad.
Empleos precarios ayudan, pero no aumentan decisivamente el nivel de la demanda. La inflación no proviene de ahí. Sus fuentes tienen que ver con otro tipo de costos internos y externos, con la estructura productiva, la baja productividad y los reducidos niveles de la inversión pública y privada.
Por eso, tampoco sorprenden las declaraciones del secretario de Hacienda en la reciente Convención Bancaria. Ahí reconoció que la economía no alcanzará este año un crecimiento de 4 por ciento.
Hasta hace pocos días mantenía la idea de un crecimiento alto, afirmando que se seguiría con el presupuesto federal para este año, entregado al Congreso en septiembre pasado.
El secretario, no obstante, no se suma a lo que desde hace muchas semanas se espera: una tasa de crecimiento del PIB de alrededor de 2 por ciento en el año y posiblemente menos.
Claro que hubo, como señaló, un impacto negativo no esperado, pero no será que eso ya está descontado en los mercados. Sostiene que es difícil construir un escenario de crecimiento realista. Si lo es. Sabe su negocio. Ya se verá. En todo caso, los tiempos tienen que afinarse y las respuestas de política pública tienen que ser oportunas y estar bien definidas.
Ya acaba el primer trimestre del año; las expectativas son negativas y las acciones para aumentar el gasto de inversión, de darse, se van a dilatar en el mejor de los casos.
El alza de la tasa de interés de referencia hasta 6.5 por ciento significará un mayor costo para servir la deuda del sector público. La recaudación de impuestos será más reducida por la menor expansión económica. Los recursos para subsidiar la gasolina, por ejemplo, serán más costosos. El gasto público en inversión tendrá menos recursos, será más difícil de asignar y llevará más tiempo en ser productivo.
La base financiera del gobierno para impulsar el crecimiento en el marco de una creciente inflación es muy complicada. Las perspectivas de la inversión privada y su rentabilidad esperada, los son igualmente. Han sido muy repetitivas durante el curso de esta administración las declaraciones con respecto a la inversión de ambas proveniencias sin que se haya desatado el gasto; ahora es aún más problemático.
Si el escenario inflacionario que prevalece en la economía mundial se extiende como parece ser el caso y las tasas de interés suben, como se prevé actualmente, la expansión económica será aún más débil.
Desde el segundo trimestre de 2021, el índice de precios al consumidor ha sido alto (alrededor de 6.5 por ciento en promedio) y según las estimaciones de Banxico apenas en el segundo trimestre de 2023 empezarían a bajar a tasas cercanas a la meta de 3 por ciento anual.
Las bases para conseguir la estabilidad fiscal, parte clave de la política pública pueden, podrían tensarse más.
