En una de las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador después de la visita del ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva a México, señaló la importancia de alcanzar la integración, pero que se debía incluir a Estados Unidos, es decir, que alcanzara a todo el continente americano; el modelo a seguir sería la actual Unión Europea. Habría que recordar que uno de los objetivos de lo que iniciaría como la Comunidad Económica Europea, creada a partir del Tratado de Roma, fue buscar la unidad para fortalecerse y poder enfrentar, en la medida de lo posible y de forma autónoma, la lucha geopolítica entre Washington y la URSS, y la región se encontraba peligrosamente en medio.
Por eso una integración latinoamericana incorporando a Estados Unidos sería altamente contradictoria por la histórica injerencia de esa nación en los países de la región, cuyas repercusiones han sido muy dañinas.
Es una propuesta que seguramente extendería a escala continental las asimetrías que le recetaron a México los funcionarios de la administración de Salinas de Gortari a través del instrumento más neoliberal que fue la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) y su refuerzo el T-MEC, cuyas consecuencias las seguimos sufriendo: subordinación económica, la maquila como industria prioritaria, devastación del campo mexicano, caída del producto interno bruto (PIB) agropecuario, pérdida de la soberanía alimentaria que ha situado a México en el tercer lugar como importador de alimentos en el mundo y, finalmente, se convirtió en uno de los más importantes expulsores de trabajadores mexicanos indocumentados hacia Estados Unidos. Para Washington fue un momento estelar, pues le permitió afianzar su proyecto agroexportador alimentario y gracias al aporte de la mano de obra indocumentada mexicana se hizo efectiva la funcionalidad de la migración, es decir, la diferencia en el costo laboral unitario incrementó tanto ganancias como competitividad en favor de los empresarios.
La llegada de AMLO a la Presidencia, enarbolando como principio de su administración trastocar las condiciones que sustentan al neoliberalismo, lo enfrenta a una profunda lucha en la medida en que esos modelos están estructuralmente enraizados en la economía del país, y se oponen importantes intereses internos, externos y especialmente Estados Unidos. Esta nación puede ejercer su enorme poder por la desigual forma en la que se encuentra repartido y que se materializa en diversas formas de injerencia.
Habría que recordar la inicial propuesta migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyo eje giraba en el respeto a los derechos humanos, al no control, sino otorgar visas humanitarias, refugio y asilo y eliminar cualquier forma de criminalización y, lo más importante, ir a las causas que provocan la migración forzada, por lo cual propuso, junto con la Cepal, un Proyecto Integral de Desarrollo, para los países centroamericanos Guatemala, El Salvador, Honduras y el sureste mexicano. La respuesta de la nación vecina fue fulminante. Donald Trump amenazó que, si México no cambiaba esa política migratoria y evitaba que los migrantes llegaran a su frontera sur se iba a construir el muro fronterizo que México tenía que pagar, se aplicarían aranceles, sin importar si se violaban los tratados firmados y todo ello salpicado de discursos xenófobos y racistas criminalizando a los mexicanos. Nuevamente la desigualdad de poder se hizo presente y lamentablemente el gobierno hizo modificaciones que lo han alejado de la propuesta inicial. Y si bien el presidente Biden ha tenido una posición de mayor tolerancia con el fenómeno migratorio, se ha comprometido con enviar al Congreso la reforma migratoria y concuerda con la idea de atacar las causas invirtiendo en los países emisores, son propuestas que hasta ahora no se han cumplido. De ahí la queja de AMLO “Estados Unidos apoya a Ucrania y olvida a Centroamérica” en relación con las inversiones enviadas a Ucrania.
No se puede dejar de lado que la propuesta del gobierno mexicano respecto a la reforma eléctrica ha merecido la visita de altísimos funcionarios del vecino país que, a pesar de la opacidad para conocer los temas tratados, son vistas como formas de cabildeo que ejercen presión en contra de su aprobación. De hecho, el propio embajador estadunidense en México, Ken Salazar, tuvo que recular por haber señalado que “México tenía derecho a hacer la reforma”.
En este incierto y convulso contexto mundial, la reactivación de la Celac “es un esfuerzo esperanzador y la reinvención de la unidad sudamericana es una demanda urgente”. Pero no hay que olvidar que el principal escollo de la integración latinoamericana es Washington y que “en esta etapa buscará asegurar su patio trasero” (Vicente Prieto). Todo ello en un marco en el que Joe Biden señala que “el mundo vivirá un cambio de orden internacional y Washington debe liderar el nuevo sistema” (Luis Manuel Arce).
