Mexicali, BC. Después de permanecer relegado durante todo el gobierno de Jaime Bonilla, el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California regresará a la actividad institucional por una reforma propuesta por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para combatir la corrupción y la impunidad.

En 2020, la Secretaría de la Función Pública y la legislatura bonillista decidieron "congelar" a esta instancia ciudadana luego de solicitar información sobre presuntos actos de corrupción de esa administración que inició con el pie izquierdo por "Los moches" para contratos con gobierno que involucró a quienes fueron oficial Mayor, secretarios General de Gobierno y del Bienestar, así como por la cesión de notarias públicas.

Este 12 de marzo de 2022, la iniciativa se presentó ante el Congreso del Estado tras considerar una resolución judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en 2020.

Las modificaciones consisten en reducir a cinco el número de ciudadanos que participen en el SEABC, de los 15 originales que iniciaron actividades en 2018.

La iniciativa señala que el Congreso local hará la designación de los consejeros ciudadanos con duración en el cargo de uno, dos, tres, cuatro y cinco años, además de respetar la equidad de género.

En caso que existan consejeros con nombramientos vigentes, señala un artículo transitorio, se mantendrán en su encomienda constitucional hasta concluir sus periodos.

En la actualidad están vigentes los nombramientos de los consejeros Claudia Télles y Jorge Topete que concluyen su encargo en julio de 2023, mientras que Francisco Fiorentini, Eduardo Arredondo y Omar Marrón terminan su período justo en tres meses, durante la primer semana de julio de 2022.

Por ello el Congreso local está obligado a instalar el Comité de Selección del SEABC para lanzar convocatoria, revisar perfiles y designar al menos a tres consejeros ciudadanos que estarán en funciones el 15 de julio. Se trataría de dos mujeres y un varón.

Además debe designar al contralor de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el cual nunca ha sido nombrado.

La reforma precisa también que será esta instancia la encargada de realizar las actividades de control de la SESEABC y no la Secretaría de la Honestidad y la Funcion Pública como se interpretó durante la administración de Bonilla Valdez para "suspender" a cinco consejeros y funcionarios anticorrupción.

Al Comité Coordinador del SEA lo presidirá uno de los cinco ciudadanos y habrá 13 representantes gubernamentales:

1. Secretaria de la Honestidad y Función Pública

2. Tribunal Superior de Justicia

3. Auditoría Superior del Estado

4. Magistrado Anticorrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa

5. Fiscal especializado en delitos cometidos por Servidores públicos de la Fiscalía General del Estado

6. Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública

7. Sindicatura Municipal de Mexicali

8. Sindicatura Municipal de Tijuana 9. Sindicatura Municipal de Ensenada

9. Sindicatura Municipal de Playas de Rosarito

10. Sindicatura Municipal de Tecate 12. Sindicatura Municipal de San Felipe

11. Sindicatura Municipal de San Quintín

Sin dientes

Bonilla accedió al poder ante un panorama de corrupción del ex gobernador Francisco Vega, a quien acusó de registrar altos niveles de corrupción.

En 2020, su administración presentó una denuncia penal por 12 mil millones de pesos contra kiko Vega y 11 funcionarios de su gabinete. A dos años no se ha judicializado ni tampoco existe ninguna sanción administrativa contra integrantes de ese gobierno.

Desde 2020 están acéfalos los cargos de fiscal encargado de investigar delitos cometidos por servidores públicos y de magistrado responsable de resolver denuncias de faltas administrativas graves.

Fueron designados pero presentaron sus renuncias en enero y marzo de 2020 al carecer de presupuesto asignado para ejercer sus funciones, así como oficinas y personal.

En marzo de ese año, Guillermo Ruiz Hernández, fiscal General del Estado, abogado y compadre de Bonilla Valdez, determinó que no había delito que perseguir por la entrega de dinero a quienes serían funcionarios del gabinete de Bonilla Valdez para otorgar contratos en esa administración.

La Secretaría de la Honestidad y Función Pública decidió omitir procedimientos administrativos sancionatorios, incluidos los que solicitó la Auditoría Superior de la Federación oír irregularidades en el manejo de fondos federales, y en su lugar presentó denuncias penales a sabiendas de la inexistencia de una fiscalía anticorrupción.

Tampoco presentó denuncias por faltas graves ante la inexistencia del magistrado anticorrupción.

El gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda quien se ha confrontado con el de Bonilla Valdez, a pesar de haber sido postulados por Morena, nombró contralor interno de la Secretaría de Salud a quien fungió como director de Auditoría Gubernamental e Investigación de la SHyFP quien omitió toda sanción administrativa del gobierno de Kiko Vega y de Bonilla Valdez, además de instrumentar el desmembramiento del Sistema Estatal Anticorrupción, el mismo que decidió reactivar Marina del Pilar Ávila Olmeda.