Ciudad de México. Es inadmisible que el gobierno de España pretenda presionar a México para que no se apruebe la reforma constitucional eléctrica y salga en defensa de las multinacionales españolas que de forma ilegal han obtenido ganancias millonarias, a través del saqueo de recursos públicos y la corrupción que les permitieron las pasadas administraciones de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), afirmó el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz.

En respuesta a la advertencia que desde Madrid formuló el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo, de que el gobierno del socialista Pedro Sánchez “va a reaccionar de forma muy clara” en caso de que se apruebe en el Congreso la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la CFE dijo que con esa amenaza no se va detener “una política en defensa de los intereses y la soberanía nacionales”.

En entrevista con La Jornada, Bartlett Díaz resaltó que tanto este funcionario como su jefe, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares –quien estuvo recientemente en México–, parecen ignorar que Iberdrola y las demás empresas españolas que generan energía en el país han actuado de forma ilegal, y “a través de trampas, triquiñuelas y otras corruptelas que les permitieron los ex presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, formaron grandes negocios a costa del erario”.

Podría haber denuncias, incluso penales, contra las empresas españolas, sostuvo el director de la CFE, y resaltó que asombra que el gobierno español defienda a las multinacionales que en su propia nación han provocado graves problemas económicos y sociales por las altísimas tarifas que cobran, ya que no les importa el bienestar de los españoles, sino las ganancias ilimitadas.

¿Pretenden acaso que en México se dé una situación similar?, por supuesto que no lo vamos a permitir, y a través de la reforma se busca que el Estado recupere la rectoría del sistema eléctrico, del que depende la seguridad del país y el bienestar de la población".

Bartlett Díaz rechazó que la reforma viole tratados internacionales, como lo aseguró Fernández Trigo. “¿Cómo pueden defender inversiones que están basadas en la corrupción y en la violación flagrante de la ley mexicana, cómo pueden Fernández Trigo y el ministro Albares pedir seguridad jurídica para sus multinacionales?”, preguntó.

No es posible, dijo, que ignoren la información que ha hecho pública el presidente López Obrador sobre todas las anomalías, el hecho de que no pagan la transmisión de la electricidad, ni el respaldo necesario, ya que no todo el tiempo hay aire o sol, con los que operan sus empresas, y la CFE debe entrar de inmediato y asumir los costos millonarios.

Si firmaron con gobiernos pasados contratos ilegales, “éstos no son intocables, las empresas son responsables y sujetas a demandas, incluso penales”.

–¿Es posible eso?

–Claro. Iberdrola y las demás empresas españolas están vendiendo electricidad, sin tener derecho a ello. La Suprema Corte resolvió que eso es un delito, porque les dieron contratos como sociedades de autoabasto, que es para grupos de personas o empresas que se asocian para generar electricidad destinada a su consumo. Sin embargo, con el contubernio de Calderón y de Peña Nieto, aprovecharon para conformar monopolios privados.

Explicó que hay 110 sociedades de autoabasto, pero con más de mil 500 socios, que en realidad son clientes, entre ellos las grandes empresas del país, las tiendas de autoservicio, Walmart, los Oxxo, que pagan muy poco por la electricidad, mientras que ésta es más cara para la población, como ya “lo ha exhibido el presidente López Obrador”.

Por ello, ahora que se pretende regular y acabar con ese gran negocio ilegal, “han puesto en marcha todo tipo de presiones para impedir que la reforma eléctrica se apruebe, entre ellas la amenaza del gobierno español para defender a sus empresas corruptas”.