Ante la resistencia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) de Morelos, de acatar una recomendación sobre actos de tortura por sus elementos, emitida en 2019 por la Comisión de Derechos Humanos local, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó al titular de aquella institución, José Antonio Ortiz Guarneros, a reconocer las acciones de los organismos públicos en la investigación de casos de este tipo, así como el derecho de las personas privadas de la libertad a presentar quejas y a que sus casos sean examinados por las autoridades competentes. En un pronunciamiento, la CNDH refirió que la CES consideró que la comisión estatal “se extralimitó en sus funciones” y que “lo correcto” era que durante el proceso de investigación habría hechos que podían ser constitutivos de delito, y que se debe dar parte al Ministerio Público correspondiente “y no tomarse la libertad de tenerlos por ciertos”. Al respecto, la Comisión Nacional subrayó que la trascendencia de la violación a la integridad personal, por actos de tortura contra individuos que están sujetos a custodia de las autoridades del Estado, obliga a que sea investigada tanto como delito en estricto sentido y como violación a los derechos humanos.