Washington. El gobierno de Joe Biden dio a conocer ayer nuevas normas para procesar los pedidos de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México con la esperanza de resolverlos en meses en lugar de años.
Las normas autorizan a los funcionarios a otorgar o denegar solicitudes, una facultad que ha estado reservada a los jueces de migración en la frontera sur. Hasta ahora, los funcionarios sólo podían realizar los exámenes iniciales y brindar ayuda humanitaria.
El cambio podría tener amplio impacto, pero portavoces del gobierno dijeron que al comienzo procederán lentamente y sin recursos adicionales. La norma entrará en vigencia 60 días después de que se publique en el Registro Federal, lo que sucederá la próxima semana.
El gobierno calculó el año pasado que necesitaría contratar a 800 empleados más para manejar unos 75 mil casos al año de solicitudes de asilo.
Sin más dinero ni empleados, no está claro cuál será el impacto inicial de la medida.
Desde 2017, Estados Unidos ha sido el destino más buscado del mundo por quienes buscan un destino para recibir asilo, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, lo que significa una enorme presión sobre los tribunales de inmigración. Hay casi 1.7 millones de casos retrasados.
“El sistema actual de procesamiento de solicitudes de residencia por razones humanitarias en nuestras fronteras necesita reparaciones desde hace tiempo”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, cuyo departamento incluye la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración.
El secretario de Justicia, Merrick Garland, manifestó que las nuevas normas aliviarán la presión sobre las cortes en la materia, las cuales dependen del Departamento de Justicia.
Activistas en pro de la migración aplaudieron los cambios como una manera de garantizar que las personas no tengan que esperar años por una respuesta.
