La presión de las armadoras de automóviles y de las organizaciones de transportistas contra la Cámara de Diputados obligó a suspender –sin explicación de la Mesa Directiva– la discusión de una ley general de movilidad.
Entre otros puntos, la ley busca exigir estándares internacionales de seguridad para vehículos fabricados e importados a México, mientras en el rubro de transporte pretende limitar el uso de dobles remolques.
En este segundo rubro se reflejó el descontento de un sector de Morena, que denunció a gritos en el salón de sesiones, la intención de abrir un mercado de permisos para ciertos grupos. “¡No más concesiones, no más concesiones!”, exigieron legisladores de la bancada.
La sesión fue suspendida por la presidenta en turno de la cámara, Karla Yuritzi Almazán (Morena), cuando habían terminado las posturas de los partidos, que se habían expresado por unanimidad en favor de la ley. Su decisión se tomó antes de que el dictamen de la Comisión de Movilidad se aprobara en lo general, y tras el receso, también sin ninguna explicación, decidió posponerla hasta el martes.
Diputados de Morena y de MC explicaron que, a solicitud de la Secretaría de Economía se introdujo una lista de reservas, en especial una para atemperar la obligación a los fabricantes, aun cuando el dictamen advierte que la “permisibilidad” en la calidad de los autos afecta a conductores, peatones, ciclistas y motociclistas.
En ese sentido, el documento a debate plantea que las autoridades competentes, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, deberán establecer un sistema de evaluación de vehículos nuevos, independiente de fabricantes y concesionarios.
Además, resalta que en un contexto donde todos los días fallecen 44 personas en México en hechos viales, las automotrices arman, importan y distribuyen al menos 48 modelos de autos con estándares de seguridad tan bajos que sería imposible venderlos en países adonde se exportan vehículos de la misma marca.
La ley prevé además una nueva jerarquía de movilidad, para que las políticas en la materia se definan a partir de una escala donde la prioridad sean peatones, ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados, y al final los conductores de vehículos particulares.
