Los diputados de Morena fijaron fecha (próximo 13 de abril) para la votación y eventual aprobación de la madre de todas las reformas constitucionales (la eléctrica), y al grito de “vendo caro mi amor” los legisladores de oposición afilan los colmillos en su intento por sacar raja política y económica de este proceso, pues en su calidad de cabilderos del gran capital –algo que han demostrado hasta la ignominia– saben que la paga puede ser generosa.
No es gratuito que los funcionarios de la Secretaría de Energía denuncien la creciente presión de la cúpula privada –nacional y foránea (especialmente la española)– para que los legisladores no aprueben la citada reforma constitucional, pues ella exige que no se toque ni un pelo al jugoso negocio que con los bienes de la nación les armó el régimen neoliberal.
De hecho, los filibusteros de Iberdrola y empresas conexas (quienes no se tomaron la molestia de asistir al parlamento abierto por ellos ordenado a los diputados mexicanos) y pusieron a trabajar a sus empleados en el Ministerio de Asuntos Exteriores (con el gerente José Manuel Albares a la cabeza, quien recientemente vino a México a cuidarles el negocio). Desde España llega la noticia ( La Jornada, Armando G. Tejeda): “Juan Fernández Trigo, secretario de Estado para Iberoamérica, señaló que su gobierno, presidido por el ‘socialista’ Pedro Sánchez, va a reaccionar de forma muy clara contra la reforma energética impulsada por el presidente de México, al menos en lo relacionado con la retroactividad que pudiera afectar a las trasnacionales ibéricas presentes en México con proyectos en renovables”.
No sólo eso, porque el citado gerente-secretario de Estado se quejó amargamente de que las inversiones españolas en “Iberoamérica” (como la “iberosfera” de los fascistas de Vox) “en ocasiones tienen que hacer frente a los prejuicios de las nuevas clases dirigentes. Suelo decir que nos conviene hacer un examen de conciencia constante de lo que es nuestra presencia en América, porque las cosas no son iguales que en los años 90 o que las clases dirigentes ya no son las mismas y ahora vienen algunas con ciertos prejuicios. Nosotros mismos hemos tenido que hacer frente a determinadas situaciones en las que nos hacían responsables de las tarifas de ciertos productos o expresándonos su malestar” (ídem).
Y al tal Fernández Trigo no le paró la boca: “advirtió de la postura del gobierno español ante posibles amenazas a sus intereses en la región; ha habido algunos contenciosos importantes, en los cuales el ministerio y el gobierno tienen que implicarse, apoyar y ser conscientes de que una de las materias pendientes que hay en América Latina es la seguridad jurídica (como la que les garantizaba Felipe Calderón) y que a veces se toman decisiones que nos llevan a la sorpresa. Por ejemplo, quién hubiera podido imaginar lo sucedido hace unos años, cuando se decidió expropiar YPF en Argentina a Repsol. O lo que ahora sucede con todas las inversiones en renovables en México, donde tenemos que reaccionar de una forma clara para que efectivamente estas reformas no tengan efectos retroactivos” (ibidem).
La misma “certeza jurídica” exige la cúpula privada nacional para aquellos que cuentan con contratos de “autoabasto” de electricidad (firmados durante el régimen neoliberal con Oxxo, Bimbo, Cemex y Walmart, entre otras empresas), que en los hechos son utilizados fraudulentamente para venderla, en un mercado paralelo, a más de 77 mil usuarios (que disfrazan de “socios”), de acuerdo con los hallazgos de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad.
Eso es lo que defienden los filibusteros nacionales y foráneos (para eso tienen a sus cabilderos en el Congreso mexicano, disfrazados de “representantes del pueblo”, como Ricardo Monreal entenderá, y en la gerencia que despacha en el Palacio de la Moncloa, con “socialistas” monárquicos), quienes a la cancelación de contratos leoninos, la derogación de la política del abordaje y la restructuración del sector eléctrico nacional en beneficio de los mexicanos simple y sencillamente les llaman “prejuicios” y “amenazas”.
Las rebanadas del pastel
Fuera máscaras: Alejandro Díaz de León, uno de los consentidos de Enrique Peña Nieto y, por lo mismo, gobernador del Banco de México hasta el pasado 31 de diciembre, ya tiene chamba en el sector privado, gracias a la acostumbrada puerta giratoria. Ahora es totalmente palacio, pues está al servicio de la oligopólica pandilla Bailleres.
