Madrid. El rey emérito español, Juan Carlos de Borbón, será juzgado por el Tribunal Superior de Londres por un delito de acoso, tras una denuncia presentada por su ex amante, la princesa alemana Corinna, que supuestamente fue víctima de seguimientos y amenazas por parte de presuntos miembros del sistema de inteligencia español. El conflicto, entre 1976 y 2012 con su ex pareja, fue a raíz de un pago de 65 millones de euros (mil 500 millones de pesos) procedente de una comisión ilegal, que está en poder de la princesa Corinna y que se niega a devolver con el argumento de que fue un regalo por parte del ex monarca.
No admiten condición de inmunidad
La defensa del rey emérito alegó que dado su cargo como jefe del Estado gozaba de inmunidad, según la propia legislación española, pero los jueces británicos concluyeron que esa condición en ningún caso se puede aplicar a la denuncia en cuestión. El dictamen supone un duro revés para la causa del ex monarca, ya que provocará que tenga que sentarse en el banquillo de los acusados para responder a la demanda de Corinna por los delitos de vigilancia ilegal y hostigamiento de forma reiterada desde 2012, así como de difundir datos falsos sobre ella para difamarla y ocasionarle un perjuicio económico. Además de una indemnización monetaria, Corinna reclamó que se le imponga a Juan Carlos I una orden de alejamiento.
En el auto de resolución, los jueces británicos sostienen que “después de su abdicación, el acusado ha disfrutado de cierto estatus y privilegios. Antes de su retiro de las funciones públicas, el acusado también representó al rey y el Estado español en varios actos. Sin embargo, si bien es claro que el demandado conserva un estatus especial y sin precedentes de rey emérito (...), es igualmente claro que sólo hay un rey de España y jefe del Estado y, desde el 19 de junio de 2014, ese es su hijo, el rey Felipe VI”.
Este revés judicial para el rey emérito permitirá escudriñar sus actividades presuntamente ilegales: el supuesto lavado de dinero y el pago de comisiones por su intermediación en contratos públicos.
