¿Cuáles son las condiciones para que una Constitución pierda vigencia? Son dos, concurrentes, las que se han presentado en la historia de otros países y en el nuestro. En Francia, claro antecedente, la Constitución de 1791 establecía una monarquía constitucional. Al degüello de Luis XVI, la monarquía quedó abolida de facto. La doble crisis política y constitucional no se hizo esperar y esa Constitución perdió sentido. Francia inauguraría en Europa, poco después, el régimen republicano.
La revolución convocada por Madero se proponía restaurar la legalidad. Pero ya las demandas del país desbordaban su perímetro liberal. La segunda lucha antidictatorial y la consecuente sangre vertida motivaron nuevas exigencias populares que requerían un nuevo marco jurídico nacional. Así, fue convocado un constituyente de cuyas luces resultó dotada la nueva Constitución de 1917.
Como rayo en cielo sereno, Samuel García, gobernador de Nuevo León, anunció, a fines de 2021, su propósito de impulsar una nueva Constitución para el estado aduciendo la obsolescencia de la vigente. Era necesario tener una Constitución para el siglo XXI, afirmó. En el documento que envió al Congreso para ser dictaminado se dice que las fuerzas políticas de la entidad exigieron una nueva constitución.
Esas fuerzas participaron, según el gobierno de García, en 10 foros que deliberaron sobre el tema entre 2018 y 2019. Foros privados, pues la población nunca se enteró del proyecto grupuscular tras el gobierno: los empresarios que mandan en el Consejo Nuevo León y en la oficina del gobernante de turno, más sus comparsas parlamentarias, de la administración pública y del ámbito civil.
Sin mayor discusión por la mayoría bipartita PAN-PRI y los pegotes de siempre (ahora, visiblemente, Movimiento Ciudadano), la propuesta fue dictaminada en el Congreso, que se anuncia como “parlamento abierto”. La sesión se desarrolló a puerta cerrada.
Si una iniciativa semejante la tuviera el Ejecutivo federal, ya veríamos a la derecha heredera de la del siglo XIX quejándose con cualquier Napoleón III contemporáneo.
Técnicamente es la ruta de un autogolpe de Estado donde el gobernador decide, por decreto, que Nuevo León requiere una nueva Constitución. El Congreso del estado, tornándose en un órgano subordinado, y los demás poderes constituidos, acatan su decisión. Se erigen en poder constituyente, dentro de la actual Constitución para reformarla íntegra –derogarla– y seguir gobernando, como poderes constituidos, de acuerdo con la “nueva” Constitución a modo.
Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, ex gobernador, permanece en prisión a iniciativa del actual por diversos cargos. Recibe los tomatazos, mientras los conductores del Consejo Nuevo León, responsable de sus estrategias, lo siguen siendo de las del gobierno de Samuel García. ¿Ellos no son responsables de los presuntos delitos cometidos por El Bronco? Ese consejo se asume ciudadano. ¿No debió hacer públicas las desviaciones que la ciudadanía advirtió desde las primeras semanas de su gestión? Simulación e impunidad.
Hay elementos en ese intento del gobernador García que nos golpean “como piedras a los ojos” –diría el poeta–. En el artículo 233 se dice lo mismo que en el 153 de la Constitución vigente: “Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor ni aun en el caso de que por alguna rebelión se interrumpa su observancia”. Pero la invitación está hecha: un próximo gobernante podrá hacer igual: pasarse por el arco ese candado.
¿No habría sido honesto y más económico reformar a la actual Constitución estatal para sintonizarla con los cambios sociales argüidos? Al final, como observó la diputada morenista Jessica Martínez –insular, congruente y responsable–, el texto de la “nueva” Constitución contiene 90 por ciento de la Constitución vigente, el otro 10 por ciento es copia de la de Ciudad de México y sólo agrega una treintena de artículos novedosos.
El texto constitucional propuesto pretende dar facultades a la administración para imponer medidas que la Constitución federal no “concede expresamente a otras autoridades” y aquellas que se señalan en el texto del Ejecutivo estatal (artículo 1). Será una puerta ancha por donde se introduciría la legalización o legitimación de prácticas antipopulares que ya se efectúan. Por ejemplo: cortar desde hace semanas el servicio del agua a una zona pobre –San Pedro 400, donde no hay piscinas como en el San Pedro de los ricos–; elevar el impuesto predial, como en Guadalupe, entre 100 y 600 por ciento, o garantizar que el suministro del agua permita que cinco embotelladoras consuman más de cuatro veces el gasto del líquido de la población del Monterrey metropolitano, mientras a ésta se lo racionan.
De la asesoría de Procusto. La “nueva Constitución” no acepta el discurso único y no propiciará la discriminación ni la intolerancia, pues pretende ser plural. Con una salvedad: se pueden lograr acuerdos, dice, “donde los únicos que puedan llegar a ser excluidos sean los violentos e intolerantes o los que tengan visiones totalitarias de las ideas”. O sea: quienes critican al discurso único del proyecto y sus autores.
