En las semanas recientes, justo en vísperas de la consulta de revocación de mandato, han emergido en la escena pública evidencias de pugnas entre personajes de los más altos círculos del poder político, que vuelven a dejar expuesta ante la mirada pública la condición de extrema fragilidad que aqueja a la autonomía de los poderes de la Unión.
El pasado sábado se sumó a las numerosas polémicas protagonizadas por el fiscal Alejandro Gertz Manero durante su gestión, una carta publicada en el semanario Proceso por Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de López Obrador, quien ha sido acusado por la fiscalía de extorsión, asociación delictuosa y tráfico de influencias. En su extenso testimonio, Scherer Ibarra sostiene ser víctima de una confabulación extorsiva articulada por Gertz y la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. El testimonio busca mostrar los nexos entre ambos funcionarios para la ejecución de un modus operandi reiterado en diversos casos con el propósito de perjudicar al ex consejero jurídico del Presidente.
Más allá de la veracidad de las revelaciones de Scherer, su testimonio ilustra la pervivencia de un modo de proceder en que entran en juego relaciones, nexos e influencias efectivas entre funcionarios de distinto orden que ponen en duda la imprescindible autonomía e imparcialidad de los poderes de la Unión. Dicha evidencia está precedida por la filtración a los medios de una llamada entre Gertz y su subprocurador, Juan Ramos López, en la cual el fiscal critica el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán sobre el caso promovido por él por el presunto homicidio por omisión de su hermano Federico Gertz, del que responsabiliza a su cuñada Laura Morán y su sobrina política Alejandra Cuevas.
El desempeño de Gertz a cargo de la fiscalía ha estado cubierto por un manto de sospechas y críticas, ya sea por el trato otorgado a Emilio Lozoya, como por las denuncias promovidas por él contra investigadores y ex funcionarios del Conacyt, quienes previamente se habrían opuesto al nombramiento de Gertz como investigador de nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, entre otros. Hasta hoy, y no obstante los escándalos en que se ha visto involucrado, el presidente López Obrador le ha ratificado su confianza.
Los cuestionamientos recientes tienen enormes implicaciones sobre la salud de nuestro sistema democrático; la filtración del telefonema deja de manifiesto no sólo que el fiscal tiene acceso anticipado a los proyectos que trabaja la SCJN, sino que también mantiene contacto con otros ministros y con el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, que suponen serios indicios del ejercicio de una indebida influencia sobre el curso de las resoluciones de la Corte. Asimismo, el entramado de relaciones e influencias al que alude profusamente en su carta Scherer, serían también atentatorios de las premisas básicas de la justicia que debe garantizar cualquier régimen auténticamente democrático.
Ambos episodios, más el largo listado de escándalos, plantean dudas serias por una parte, sobre la promesa de transición del Poder Judicial y, por otra, sobre la nueva fiscalía “autónoma” que acompañó el nombramiento de Gertz Manero.
Los episodios reseñados, no obstante su gravedad y lo que está en juego, han sido minimizados por un titular del Poder Ejecutivo que parece no aceptar plenamente su responsabilidad en el cuidado de la legitimidad de ambas instituciones; a contrapelo, cabe recordar aquí el proyecto de reforma presentado por el Presidente a través del cual buscaba que se añadiera un artículo transitorio que extendiera el mandato de Zaldívar al frente de la SCJN.
Dicha moción no prosperó y ahora transcurre el último año de Zaldívar como ministro presidente de la SCJN y con ello viene la inevitable pregunta: ¿cómo será recordado? Hoy, quizá más que nunca, como hemos dicho aquí en otras ocasiones, Zaldívar tiene frente a sí la oportunidad de reivindicarse como el jurista autónomo y progresista que, en un contexto ciertamente complejo y marcado por una hiperconcentración del poder, decidió dar un paso decisivo en favor de la autonomía del Poder Judicial y ejercer el difícil pero honroso papel de legítimo contrapeso del Poder Ejecutivo. Si ello no ocurre, la figura de Zaldívar irremediablemente se disolverá en la tradición predominante de ministros apegados al poder presidencial, que pasaron por alto la colusión de intereses entre poderes y poderosos para garantizar la continuidad del statu quo.
En vísperas de las controversias constitucionales, amparos y temas estructurales que se definirán en la Corte, con los que se delinearán importantes condiciones para el futuro de nuestro país, es imperativo refrendar la importancia de la autonomía del Poder Judicial. También lo es recordar que sigue en vilo la promesa de una fiscalía autónoma, especialmente en el contexto de un país en el que dolorosamente prevalece la impunidad, a contrapelo de la narrativa oficial. Finalmente, y a poco más de tres años de la conclusión de su mandato, también hay tiempo suficiente para que el titular del Ejecutivo honre en los hechos y activamente su reiterado compromiso de respeto a la autonomía e independencia de los poderes, como condición de posibilidad imprescindible para acabar con la corrupción e impulsar el Estado democrático de derecho.
